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Encuentros en la primera fase

Mucho ha pasado desde que, el pasado mes de noviembre, la juez Kollar-Kotelly se hiciera cargo del proceso contra Microsoft con la responsabilidad de definir las penas a imponer al coloso de Redmond para que purgase sus pecados monopolistas y las medidas necesarias para que no volviera a tropezar en la misma piedra.

La cosa quedó así. Durante poco tiempo, a principios de ese mismo mes, pareció que el eterno proceso contra Microsoft que antes había comandado el juez Penfield Jackson había llegado a su fin. El punto y final, que luego resultó ser una simple coma, fue un acuerdo alcanzado por la empresa de Gates, ya declarada culpable sin remisión, y el Departamento de Justicia (DoJ) estadounidense.

Pero dicho acuerdo empezó por no complacer a nadie, ni a las empresas competidoras del gigante culpable (su archirrival AOL, sin ir más lejos, protestó agriamente), ni a la mayor parte de los expertos que pensaban que este acuerdo extrajudicial permitía que la empresa de software más grande del mundo se fuera de rositas por muy culpable que hubiera sido de abusar de su posición y muy sospechosa fuera de poder volver a hacerlo. Al fin y al cabo ya consiguió fintar con éxito el mandato de escisión…

Y hete aquí que, pese a la insistencia de Kollar-Kotelly y del DoJ por que se aprobase el pacto (se llegó a decir que sería un ejemplo para el mundo de unidad estadounidense después del atentado a las torres gemelas, que aún humeaba), nueve estados de los 18 que debían ratificar el acuerdo se negaron a hacerlo.

Los nueve estados rebeldes, que a partir de este momento se convertirían en una de las peores pesadillas de Redmond, eran California, Connecticut, Florida, Iowa, Kansas, Massachusetts, Minnesota, Utah, Virginia Occidental y el distrito de Columbia.

Estos estados no tardaron mucho (lo hicieron durante la primera semana de diciembre) en presentar un plan alternativo que solicitaba sanciones mucho más duras para Microsoft como que abriera el código fuente de alguno de sus principales programas (su navegador Internet Explorer, sin ir más lejos), que facilitara una versión más barata y simplificada de su sistema operativo y que su paquete ofimático Office fuera compatible con otros sistemas operativos.

A raíz de esta negativa entró en acción la Tunney Act, una ley pensada para proteger el interés público en conflictos monopolísticos que establece varios procedimientos para conseguirlo, y que prometía retrasar el final del proceso bastantes meses. Siguiendo el camino marcado por esta norma, hemos tenido una encuesta y varios puñados de testigos (entre ellos el propio Bill Gates) desfilando ante la juez.

Y ahora toca retomar este genuino culebrón judicial donde lo dejamos, en una fase en la que ya no se juzga la culpabilidad de Microsoft (sobradamente demostrada hace tiempo), sino la conveniencia de adoptar el pacto alcanzado junto al Departamento de Justicia.

La mala noticia es que habrá que volver a dejarlo inconcluso a la espera de nuevos acontecimientos que también dependen de lo que Kollar-Kotelly quiera hacer con la pelota que pusieron hace tiempo en su tejado.

Sobre aplazamientos, revisiones y lo que piensan los estadounidenses

En los días previos a un gran partido de fútbol, tanto los equipos protagonistas del encuentro como los comentaristas especializados se dedican a organizar un considerable revuelo. Con este caso pasó exactamente lo mismo. Durante los pocos meses previos a la fecha fijada en marzo para que se iniciaran las audiencias, se sucedieron todo tipo de estratagemas y declaraciones, un fenómeno que se incrementó durante el mes de febrero.

En plenas Navidades, la empresa de Gates pidió una prórroga de cuatro meses, alegando que la gravedad de las propuestas de los nueve estados disidentes requeriría un periodo extra de preparación.

La oposición de los nueve estados rebeldes fue inmediata, solicitando oficialmente que no se hiciera caso al coloso de Redmond. Las declaraciones de Tom Miller, de Iowa, resumen sus argumentos: \”si hay algo que caracteriza la conducta de Microsoft en este caso es demoras, demoras y demoras. La juez Kollar-Kotelly ha establecido un calendario muy razonable\”.

Collen Kollar-Kotelly fijó una audiencia para el 7 de enero con el objetivo de decidir si concedía dicho aplazamiento, y tras escuchar los argumentos de ambas partes, la juez rechazó contundentemente la petición de la empresa de Gates.

Pero ese no iba a ser el único intento de conseguir una prórroga por parte de Microsoft.

A principios de marzo, poco después de que Steve Ballmer asegurara en un órdago en toda regla que la aceptación de las medidas y sanciones propuestas por los nueve estados rebeldes supondrían el fin de Windows, el coloso de Redmond solicitó de nuevo un retraso de unas dos semanas en las audiencias que iban a comenzar la siguiente semana. Y a la segunda fue la vencida. En esta ocasión la juez Colleen Kollar-Kotelly admitió la solicitud de Microsoft y retrasó el comienzo del juicio hasta el 18 de marzo.

Desde luego, iniciar esta fase de un caso calificado en numerosas ocasiones de interminable planteándose nuevos aplazamientos, no es la mejor manera de animar a aquellos que lo siguen y que desean desde hace años que acabe de una vez.

También poco antes de que Kollar-Kotelly comenzara a escuchar a los testigos de Microsoft y de los nueve estados de la discordia, la empresa de software más grande del mundo y el Departamento de Justicia presentaron una versión revisada (la segunda) del famoso pacto, que sería la que les iba a tocar defender. Distintos expertos calificaron de \”muy moderadas\” las reformas efectuadas, y los estados rebeldes volvieron a cargar las tintas contra esta nueva propuesta. Algo que hizo exclamar a Steve Ballmer, histriónico CEO de Microsoft, que no sabía como complacer a estos estados más que \”retirando a Windows del mercado\”.

Por último, antes de iniciarse (con algo de retraso) el desfile de testigos de ambas partes, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó las opiniones de 30.000 ciudadanos recabadas entre 28 de noviembre y el 28 de enero, como reza la Tunney Act que sobrevuela sobre toda esa fase del proceso.

El resultado no podía ser más claro. 15.000 de los encuestados se opusieron al acuerdo alcanzado por Microsoft y el DOJ, y apenas 7.500 se mostraron conformes. El resto no opina, se supone que porque no sabe. Aunque también es cierto que es poco probable que la gran mayoría de los que se han atrevido a contestar sepan mucho más ya que el argumento más común era \”odio a Microsoft\”.

Encuentros en la primera fase: los testigos de los estados rebeldes

Y por fin comenzaron a mostrarse los argumentos de distintos personajes más o menos implicados en el proceder de Microsoft ante la juez. La primera ronda de testigos correspondía a los nueve estados rebeldes, que desplegaron todo un arsenal de gerifaltes.

Fueron muchos los férreos detractores del acuerdo alcanzado por Microsoft y el DoJ que pasearon sus distintos argumentos ante la magistrada, por lo que resulta imposible recopilar lo que aseveraron los quince participantes, pero sin duda ha habido declaraciones que se recordarán durante más tiempo que otras.

  • Philip Beck, abogado del DoJ, que reconoció que no les quedó más remedio que pactar con Microsoft para evitar que se prolongara \”una batalla que podría haberse resuelto en nuestra contra\” después de que Microsoft se librara de las primeras penas que se le impusieron. No obstante, Beck defendió el pacto asegurando que es probablemente lo mejor que se podrá conseguir por mucho que se litigue.
  • El ex presidente ejecutivo de Netscape Communications, James Barksdale, atacó el pacto entre Microsoft y el DoJ sosteniendo que \”no habría ayudado a Netscape a mediados de la década de los noventa impidiendo la conducta anticompetitiva de Microsoft\”
  • Robert Bork, portavoz del grupo ProComp, tachó el acuerdo de \”rendición\” en toda regla para el Departamento de Justicia, apoyándose en el hecho de que el coloso de Redmond sigue manteniendo unidos el navegador y el sistema operativo, algo que se demostró en el juicio que era una práctica anticompetitiva.
  • Stewart Baker, representante de Computer & Communications Industry Association (CCIA) y de la Software & Information Industry Association (SIIA), lo describió como un \”remedio parcial\”, añadiendo que sería de esperar uno \”significativo\”.
  • David Richards, vicepresidente de RealNetworks, que apoyó con correos electrónicos sus declaraciones de que Microsoft pretendía emplear cualquier sucia estrategia para primar a su software Windows Media Player.
  • Peter Ashkin, antiguo ejecutivo de Gateway que confirmó que Microsoft presionó a todos los fabricantes de PCs para monopolizar el sector con su sistema operativo Windows.
  • Michael Tiemann, CFO de Red Hat, que confirmó el temor de gigantes como Compaq o Dell a traicionar a la todopoderosa Microsoft introduciendo Linux en sus computadoras.
  • Mitchell Kertzman, presidente de la empresa de programas para televisión interactiva Liberate Technologies, que denunció que Microsoft sólo realiza inversiones en las compañías de televisión por cable que utilizan su software.
  • John Borthwick, vicepresidente de AOL, que insistió en la necesidad de que el coloso del software ofrezca una versión rebajada (modular) de su sistema operativo.
  • Larry Pearson, directivo de SBC Communications, la segunda operadora de telefonía local estadounidense, que cree que las sanciones propuestas por los nueve estados contribuirían a crear un mercado más justo en los servicios basados en Internet.
  • El profesor de ciencias de Princeton Andrew Appel, que aseguró que el coloso de Redmond es perfectamente capaz de desarrollar una versión modular de su sistema operativo por mucho que ellos digan lo contrario, mostrándose mucho más contundente que el economista Carl Saphiro.
  • Shapiro, último testigo de los estados disidentes que les salió un poco rana, reconoció su incapacidad para dar una opinión sobre si se debería obligar a Microsoft a comercializar su sistema operativo sin algunas de las aplicaciones que recoge actualmente.

 

 

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