¿Es para el Gobierno la banda ancha un derecho fundamental?

Asociación de Internautas

La noticia aparecida ayer según la cual el Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros de mañana un nuevo canon que gravará la banda ancha para financiar a la TV publica, que dejara de percibir ingresos por publicidad, no nos produce ninguna extrañeza.

Al contrario, era de esperar, la medida está en sintonía absoluta con lo que ha venido manifestando la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, para quien el canon no son más que unos céntimos, y para quien la banda ancha no tiene otro objetivo mas que facilitar las descargas de contenidos protegidos por derechos de autor, ignorando, por ejemplo, que también nuestros estudiantes cada vez utilizan más Internet para descargarse los apuntes que los profesores cuelgan para que puedan estudiar, liberándoles de la tediosa labor de tener que tomarlos en clase y pudiendo dedicar ese tiempo a actividades más creativas.

El Gobierno, desde la perspectiva ya anunciada por su ministra de Cultura, ignora que todo el conocimiento acumulado a lo largo de la historia de la humanidad está pasando a la Red, convirtiéndose en el centro universal del saber, y que el libro ya no es el soporte del conocimiento. Pero lo más importante no es eso, sino su accesibilidad desde cualquier punto del planeta.

Es decir, las tecnologías de la información y comunicación están haciendo posible la igualdad de oportunidades en el acceso al conocimiento. Pero para que esa igualdad sea real es preciso que se garantice también la universalidad de la banda ancha, para que cualquier persona con independencia de su origen o situación social pueda tener un punto de acceso de banda ancha.

Por eso, en nuestro manifiesto por los derechos civiles la universalidad y la neutralidad de la red, pedíamos que la banda ancha forme parte del servicio universal para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al conocimiento. Pero no sólo por eso; también apuntábamos que determinados servicios sanitarios y asistenciales, se prestan vía telemática cada vez en mayor medida, y también empieza a ser esta la forma de relacionarse del ciudadano con la Administración.

En definitiva, la banda ancha es el presupuesto tecnológico sin el cual no es posible el disfrute pleno de derechos sociales básicos, como la educación y la sanidad. Para que esto sea posible resulta imprescindible fijar los valores mínimos exigibles a los proveedores en el ancho de banda, independientemente del método de acceso elegido.

El Gobierno, con la medida que pretende adoptar al grabar con el canon la conexión de banda ancha, se aleja de lo anterior e introduce un elemento de discriminación en el acceso al conocimiento y el disfrute de derechos sociales básicos, que cuanto menos pone en duda la constitucionalidad de la medida y su solidaridad.

POr este motivo, la Asociación de Internautas convoca para el prócimo 24 de mayo una manifestación con el lema \”Por los derechos civiles, la universalidad y neutralidad de la Red\”.

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