El Gobierno español considera que las operadoras de telecomunicaciones tienen derecho a modificar las tarifas de acceso a Internet como vean oportuno, en función del tráfico, o a gestionar su red como vean conveniente. Con esa posición, España se despide de la neutralidad de la Red.
Entre otras cosas, el concepto de neutralidad implica que las operadoras no pueden discriminar entre diferentes tipos de tráfico, y por ejemplo bloquear aplicaciones P2P de intercambio de archivos entre particulares en favor de otro tipo de descargas.
La cuestión viene de la consulta pública de la Unión Europea para determinar la postura de sus miembros, ciudadanos y organizaciones ante la neutralidad. Según el documento enviado por el Gobierno a la UE, \”este principio (la neutralidad) no debe entenderse de modo estricto en el sentido de que todos los usuarios deban recibir idéntico tipo de servicio\”.
No han tardado en aparecer las críticas de medios especializados e internautas, y de empresas como Skype, escandalizados porque mientras unos países unos países garantizan la neutralidad, otros la dejen de lado sin tapujos.
Las posibles consecuencias abarcan desde esa \”gestión de redes\”, en la que unos servicios van más rápido que otros cuando el usuario ha contratado una velocidad determinada en su conexión, el posible fin de las tarifas planas ilimitadas, para pasar a un modelo pago por consumo y tráfico similar al que existe en los teléfonos móviles o la opción de que las operadoras cobren a proveedores o creadores de aplicaciones por el tráfico que generan. Ejemplos de mejoras para las empresas de telecomunicaciones, no para el usuario ni para los desarrolladores. Es decir, en favor de los gestores de la infraestructura y perjuicio de los creadores de contenido.
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