Francia, a punto de aprobar la ley contra el P2P

La propuesta ha sido aprobada por el Senado francés, pero todavía deberá pasar por la Asamblea Nacional antes de convertirse en ley. En la votación hubo 297 votos a favor frente a sólo 15 en contra, lo que hace suponer que no tendrá problemas en superar la votación en la Cámara Baja.

Los internautas que se descarguen material protegido por derechos de autor (películas, música, videojuegos, programas, etc.) a través de las redes P2P recibirán advertencias graduales: un primer aviso de su ISP por e-mail, una carta por correo postal si reinciden, y finalmente, a la tercera falta, su ISP les cortará el acceso a Internet durante un año.

El proyecto de ley también establece que en las empresas y otras instituciones donde diferentes ordenadores tengan acceso a una misma red, se instalen cortafuegos para evitar que los empleados descarguen contenidos desde sus puestos de trabajo.

Esta futura ley es la culminación de una iniciativa puesta en marcha el pasado mes de noviembre por el presidente Sarkozy, el denominado acuerdo Olivennes, por el que pactó con 40 propietarios de derechos de autor de los sectores de la música y el cine.

Bruno Retailleau, miembro del partido conservador opuesto a esta ley, argumenta que cortar el servicio de Internet es un castigo demasiado severo, pues para muchas familias Internet se ha convertido en un bien indispensable (como la electricidad o el suministro de agua) para acceder a todo tipo de servicios.

Además, generalmente Internet está incluido en un paquete de servicios junto con el acceso de telefonía y la televisión por cable, por lo que cortar el acceso sería una medida discriminatoria y compleja técnicamente. Aunque sus opiniones parezcan de lo más sensato, lo cierto es que Retailleau casi se ha quedado solo en su argumentación contra la ley.

Esta norma choca con la política de la Unión Europea, que el pasado mes de abril rechazó la consideración de las descargas en redes P2P como delito, aleganado que es necesario encontrar un equilibrio entre los intereses de los consumidores y los propietarios de derechos, pero descartando medidas radicales como la supresión del acceso a Internet.

El Parlamento Europeo también instó entonces a los Estados miembros a evitar adoptar medidas que choquen con las libertades civiles y los derechos humanos. La recomendación no es obligatoria, y de hecho países como el Reino Unido tienen en marcha proyectos similares.

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