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Francia aplaza su primer juicio por descargas

Vincent Valade, de 25 años, y otras cinco personas tienen el dudoso placer de ser noticia estos días, por ser los primeros que van a juicio por la ley francesa antidescargas. Sin embargo, pueden respirar un poco más tranquilos porque por el momento el juez ha aplazado el juicio sin fecha definida.

El juez ha dado la razón a la defensa, que denunciaba varias irregularidades en la investigación, que la acusación tendrá que solventar si quiere proseguir con el juicio.

A Valade y sus compañeros se les acusa de haber creado y mantenido la página Emule_paradise, que enlazaba  descargas de películas y con la que habrían ganado cientos de miles de euros en publicidad. La red publicitaria Net Avenir, por cierto, también está entre los acusados.

En teoría, se arriesgan a penas de hasta 3 años de cárcel y multas de hasta 300.000 euros, en un proceso que ha atraído la atención de medio mundo y que si la acusación logra reconducir, podría terminar con una sentencia ejemplar, para compensar el fracaso práctico de la ley antidescargas.

El gobierno de Nicolas Sarkozy aprobó la Ley Hadopi en 2009, con el propósito de detener las descargas de contenidos protegidos. El texto contempla el envío de hasta tres advertencias a los que se descarguen música o películas de redes P2P, con la posiblidad de cortar la conexión a los reincidentes.

Sin embargo, los internautas galos se bajan tantos o más archivos que antes porque la ley prohíbe los intercambios en redes P2P, no el visionado de archivos en streaming. La principal consecuencia de la ley, de hecho, ha sido disparar las visitas de los franceses a servicios de visionado de vídeos. Ante semejante desliz en la legislación, algunas empresas de telecomunicaciones están bloqueando el tráfico a estas páginas, según denunció hace poco Megaupload.

Ajenas a esta evidente falta de eficacia, los grupos editoriales franceses han anunciado que van a sumar los libros a la lista de contenidos protegidos por la ley. Al menos, los libros no pueden verse en vídeo.

Los gobiernos occidentales están intentando dar con una fórmula legal que apacigüe a la industria del entretenimiento, ya sea con tratados internacionales como el ACTA, con sistemas de "tres strikes" como la Ley Hadopi o con la polémica Ley Sinde española, aprobada en el Senado después de que la oposición ciudadana la tumbara en el Congreso, y que casi sin duda se aprobará de forma definitiva con apoyo de los dos grandes partidos.

Mientras tanto, internautas, defensores de los derechos digitales, empresas de Internet y una parte de los creadores insisten en que la solución reside en un cambio del modelo de negocio, que aproveche las posiblidades de la Red en lugar de intentar asfixiarlas.


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