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Google y Verizon llegan a un acuerdo crucial para la Red

Google y la compañía de telecomunicaciones Verizon han llegado a un acuerdo auspiciado por el organismo que regula las comunicaciones en EEUU, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), de acuerdo a varios periódicos, agencias de noticias y páginas especializadas.

Según ese trato, Verizon no dará prioridad a unos contenidos frente a otros (limitando o bloqueando programas como los de intercambio de archivos en favor de otras aplicaciones más ligeras) cuando se trate de conexiones en líneas fijas. Sí podrá, sin embargo, hacer eso mismo en las conexiones desde dispositivos portátiles. El texto indica expresamente que la compañía podrá aceptar pagos por priorizar tráfico.

El acuerdo, al que han llegado tras reuniones a puerta cerrada, supone un mazazo para la neutralidad de la Red, el principio que impide discriminar entre una aplicación y otra, entre un contenido y otro.

La primera pregunta que plantea el acuerdo es quién, exactamente, les ha dado a Google, Verizon y la FCC, la autoridad moral para decidir esto. Porque al fin y al cabo son dos empresas que no representan ni a la totalidad de sus sectores (tleecomunicaciones y buscadores), ni de la industria de TIC, ni de la comunidad de Internet (que también incluye, por ejemplo, internautas) ni del mundo (porque por muy multinacionales que sean, siguen siendo dos compañías ricas del país más rico del mundo, dejando de lado a la inmensa mayoría del planeta).

Además, Google ya está ganando las primeras acusaciones de traición, después de pasarse años proclamando su compromiso con la neutralidad de la Red, para que luego su consejero delegado, Eric Schmidt, diga en una conferencia que la gente está equivocada, y que para ellos es perfectamente aceptable discriminar por el tipo de tráfico.

No faltan las expresiones literarias sobre lo que supone la decisión para la neutralidad: que ha muerto, que la han apuñalado por la espalda, que la han tirado al río, o sencillamente, que se despide. Sólo unos pocos llaman a la calma, recordando que por mucho que acuerden dos empresas, será el Gobierno quien tenga la última palabra sobre cómo gestionar las comunicaciones en su territorio. En cualquier caso, la polémia está servida.


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