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Internet: territorio con Ley

El Gobierno aprobó el pasado viernes el anteproyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), que regulará \”toda actividad en Internet u otro medio electrónico que genere ingresos o permita obtener beneficios económicos\”.

Su intención es crear un \”un marco estable para garantizar la seguridad jurídica de aquellos que ofrecen servicios en la Red y para proteger los derechos de los usuarios\”. Se trata, pues, de dotar a Internet de las mismas garantías legales de las que goza el \’mundo real\’: las transacciones electrónicas tendrán la misma validez que las realizadas fuera de Internet y los \’actores\’ de la Red —proveedores de acceso a Internet (ISPs), empresas, medios de comunicación o particulares— contarán con los mismos derechos que sus iguales offline.

Anna Birulés, ministra de Ciencia y Tecnología, afirma, para tranquilidad de la las hordas de detractores que salieron al paso de los múltiples borradores de la Ley, que la LSSI no afecta a la libertad de expresión y que sólo las autoridades competentes, las mismas que en el mundo real, tendrán potestad para clausurar un sitio web.

A parte de la novedad de contar con una Ley con la que el Gobierno trata de poner orden en la Internet española, la LSSI ha protagonizado titulares por el temor de usuarios y asociaciones de internautas, que veían en la legislación una barrera para el desarrollo de la embrionaria Red española, tanto para el comercio electrónico como para la libertad de expresión que ha campeado en Internet hasta el momento.

En septiembre de 2000, el Ministerio de Ciencia y Tecnología elaboró un primer borrador y lo colgó en Internet a disposición pública con la intención de que generase un debate enriquecedor, habida cuenta (eso parecía) de su conciencia sobre el desconocimiento de la materia sobre la que trataba de legislar. Sin embargo, pronto cambiaron las tornas, y esa supuesta transparencia y afán colaborativo se convirtieron en oscurantismo cuando aparecieron en la Red borradores que luego no eran y textos que mantenían los errores del original, haciendo caso omiso a las sugerencias de las asociaciones de internautas.

Resumiendo, las críticas se centraban en que la clausura cautelar de una web caía, sin garantía judiciales, en manos de la administración, en que redundaba sin mucho sentido en aspectos ya regulados y en lo difuso de su ámbito de aplicación. La discrecionalidad para la administración de multas y la obsesión por el control de los contenidos no cuadraba con la voluntad del legislador de no intervenir en la libertad de expresión.

Pero, tras ese engorroso periodo de \’debate\’, la LSSI cuenta con un expediente más que razonable: antes de la aprobación del Consejo de Ministros, recibió el visto bueno del Consejo general del Poder Judicial (con un voto en contra) y el Consejo de Estado, además de recibir el apoyo de 66 instituciones, empresas del sector y organizaciones de todo tipo. Ahora tiene el camino expedito para pasearse por Congreso y Senado.

FAQ LSSI

  • Legislación vigente

La LSSI, en teoría, sólo regulará aquellos aspectos que, por su novedad y especificidad, son exclusivos de Internet, dejando al margen los que ya contempla la legislación existente\”, según explicó Birulés.

El proyecto, dice la ministra, no varía el reglamento jurídico vigente sobre el comercio o los contenidos, ya que cubre un hueco no regulado: toda la legislación sobre empresas, libertad de expresión o contenidos se mantiene vigente, y entre los sujetos que operan en Internet sólo afecta específicamente a la actividad de los intermediarios en las transacciones electrónicas.

  • Primera Ley sobre Internet

La LSSI se convertirá en \”la primera ley que regule con carácter general la realización de actividades económicas por vía electrónica\”. Incorpora la directiva europea sobre servicios de la Sociedad de la Información y del comercio electrónico de 1998, que obligaba a los Estados miembros a transponer la norma comunitaria a las legislaciones nacionales antes del 17 de enero de 2002.

Ahora inicia su trámite parlamentario, en el que, a vistas de las reacciones de la oposición, seguro que se propondrán enmiendas. Pero la mayoría absoluta del Partido Popular garantiza un proceso corto. Está previsto que sea aprobada en verano.

  • Derechos Fundamentales

La Ley nace con el propósito de proteger los derechos fundamentales de los usuarios de la Sociedad de la Información —dignidad de la persona, juventud e infancia; y no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad o cualquier otra circunstancia personal o social— y otros principios como la salud y el orden público. Este \”reconocimiento y reiteración de la protección\” de los derechos fundamentales y datos personales de los usuarios, descarta, según Birulés, las propuestas de regular este nuevo campo económico por medio de una Ley Orgánica.

  • Ámbito de aplicación

La LSSI se aplicará a todas las actividades que se realicen por medios electrónicos y redes interactivas —desde el ordenador a la telefonía móvil, cable o televisión digital— y que tengan carácter comercial o persigan un fin de económico. Así, someterá a \”toda actividad en la Red u otro medio electrónico que genere ingresos o permita obtener beneficios económicos\”\’.

La Ley entiende por servicios de la sociedad de la información a los prestados \”normalmente a título oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición individual del destinatario\”. Afecta, además de a la contratación de bienes y servicios por vía electrónica —como comprar un CD en Internet o contratar el acceso—, al suministro de información y la actividad de los proveedores de acceso a Internet (ISPs) o actividades de intermediación. Aquí se incluyen los weblogs y páginas personales que tengan publicidad, aunque sólo sea para pagarse los costes de hosting (alojamiento) y mantenimiento.

Sólo afectará a proveedores de acceso establecidos en España, la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo, así como a los que se encuentren fuera de este área \”cuando sus actuaciones sean dirigidas claramente al mercado español\”.

  • Responsabilidad

El único responsable sobre los contenidos es el autor. Los intermediarios o prestadores de servicios no tendrán obligación de \”supervisar los datos que suministran o almacenan\”, pero deberán colaborar con las autoridades \”para evitar o poner fin a la comisión de delitos o actividades ilícitas en la Red, cuando tengan conocimiento efectivo de ellos\”.

  • Autorización y Registro

Los servicios online se prestarán sin necesidad de autorización previa y no necesitarán inscribirse en ningún registro específico, aunque sí deberán comunicar al registro mercantil u otro registro público en el que estén inscritos por razón de su actividad los nombres de dominio o direcciones de Internet que utilicen habitualmente.

El proyecto de Ley persigue reforzar las garantías respecto a la transparencia en las comunicaciones de Internet, por lo que las empresas prestadoras de servicios deberán mostrar en sus páginas web los datos necesarios para su identificación (que permitan \”establecer con él una comunicación directa y efectiva\”), así como las condiciones de la venta. Sin embargo, como quiera que más del 95% de las empresas de Internet españolas está asociado a alguno de los dos organismos del sector (AECE y Atiendes), que cuentan con su sus propios códigos éticos que van más allá de lo que marca la nueva ley, esta exigencia afectará más bien poco.

  • Restricciones y Sanciones

Se prevé la aplicación de medidas cautelares o de restricción para salvaguardar derechos del usuario reconocidos como fundamentales y otros principios como la salud y el orden público. La ley establece una graduación de las sanciones proporcional al volumen de la empresa, la gravedad de la falta y a la reincidencia del acto delictivo.

El texto definitivo establece multas de entre 3.000 y 60.000 euros para los prestadores de servicios que cometan faltas leves; de entre 60.001 y 300.000 euros en el caso de que la falta sea grave y de 300.001 hasta un máximo de 600.000 euros para las estimadas muy graves.

Si la infracción la comete un servidor que no es miembro del Espacio Económico Europeo, la autoridad puede exigir al proveedor que facilita el acceso desde España que lo impida durante un periodo que va desde los seis meses a los dos años.

  • Cerrar una página web

La supervisión del cumplimiento de sus disposiciones corresponde al Ministerio de Ciencia y Tecnología y a los órganos administrativos correspondientes a cada actividad. Éstos sólo pueden aplicar medidas cautelares ante la posible comisión de un delito, siendo necesaria la intervención de la Justicia para la aplicación de sanciones o clausuras de sitios web.

La LSSI dice: \”En caso de que un determinado servicio de la sociedad de la información atente o pueda atentar contra los principios que se expresan a continuación [salud pública, defensa nacional, dignidad de las personas, entre otros], las autoridades competentes para su protección, en ejercicio de las funciones que tengan legalmente atribuidas [con arreglo a la actual legislación], podrán adoptar las medidas necesarias para que se interrumpa su prestación o para retirar los datos que los vulneran\”.

En el caso de los medios de comunicación, la única autoridad competente para cerrar un web es un juez.

  • Correo electrónico publicitario

El texto establece que \”queda prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales [spam] por correo electrónico u otro medio equivalente que previamente no hubiera sido solicitado o expresamente autorizado por los destinatarios de las mismas\”.

  • Contratos electrónicos

La LSSI ampara la plena validez de los contratos celebrados por vía electrónica, equiparándolos a los de papel y reconociendo su eficacia como prueba judicial. Los contratos electrónicos producirán todos los efectos previstos en el ordenamiento jurídico.

El texto establece la obligatoriedad del prestador de informar sobre las condiciones generales del contrato al usuario y de guiarle durante todo el proceso, así como de confirmarle la recepción de su petición.


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