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Justicia y tecnología, un matrimonio mal avenido

No todo el mundo entiende tecnología ni de internet. No todo el mundo sabe lo que es el RSS, ni entiende de HTML ni tiene ni pajolera idea de qué es un dispositivo de almacenamiento. Y tampoco pasa nada, la verdad. Por lo general, no hay ningún problema en que ciertos sectores sociales no sepa –ni quieran saber- sobre tecnología. Sin embargo, otros sectores, por sus condición o relevancia pública, sí deberían entender de unas tecnologías que deben –o deberían- usar a diario.

Es el caso de la justicia española, un apartado que cada vez encuentra más problemas con el uso de la tecnología y el conocimiento de la misma. En España hay varios casos de deficiencias tecnológicas en asuntos judiciales:

1.- Caos en accesibilidad entre juzgados. En el Juzgado de Jaén, los funcionarios que trabajan allí tienen hasta 22 nombres de usuarios y sus respectivas contraseñas para acceder a según qué datos. Las diferencias en las aplicaciones informáticas de cada Juzgado hace que acceder a datos de otra comunidad autónoma se convierta en una tarea terriblemente tediosa

2.- Un pen drive para que lo compartan seis jueces. En los Juzgados de Ciudad Real la transición tecnológica es lenta, muy lenta. Tanto es así que la Administración ha dispuesto hace apenas un par de semanas un pen drive para un total de seis jueces, que tendrán que repartirse el aparato como buenamente puedan. Además, el Juzgado emplea una aplicación informática muy diferente a la de otros departamentos.

3.- Ordenadores de conexión. En Mislata se dieron cuenta de que los ordenadores que estaban usando estaban teniendo deficiencias de funcionamiento, con lo que optaron por ampliarles la memoria. Sin embargo, la solución fue casi peor que la enfermedad, ya que durante tres días estos ordenadores estuvieron sin conexión, bloqueados y totalmente inoperativos, dificultando así a los funcionarios el acceso a la información del Juzgado.

Son sólo tres casos, pero a diario vemos muchos problemas que no deberían producirse. Además, desde colectivos jurídicos se pide que muchos juzgados de España cuelguen en internet sus sentencias y otros procesos judiciales, para que puedan ser consultados por cualquier persona, pero gran parte de estas peticiones siguen siendo una tarea pendiente.

Otro asunto curioso es el del canon. Y es que, mientras algunos colectivos se \”libran\” de pagar canon a las entidades de gestión de derechos de autor por el uso de algunas herramientas, a día de hoy los juzgados siguen pagando, lo que supone un elevadísimo coste en unas instalaciones en las que se hacen miles de millones de escaneos o fotocopias a lo largo del día. El abogado Javier de la Cueva es uno de los más activos al denunciar este tipo de costos que tiene que asumir la administración pública y que podrían ser evitables. Pero hasta ahora no ha habido grandes novedades y todos pasan por caja.


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