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La información, ¿bien público o mercancía?

Baquía.com publicó hace algún tiempo una novedosa propuesta para hacer frente a las desigualdades de acceso a la información en sociedades con la oferta polarizada entre medios generalistas, financiados mayoritariamente por la publicidad, y medios de pago: el \”bono de contenido\”. Este sería el equivalente mediático del bono escolar. La administración distribuiría este bono al ciudadano de escasos recursos para que elija su suministro de información entre un amplio espectro de medios privados.

El planteamiento del bono del contenido parte sin duda de un diagnóstico acertado: la dinámica plena de mercado aplicada a las redes de comunicación conlleva riesgos de exclusión y discriminación a los sectores sociales más desfavorecidos. Sólo quien puede pagar accede a una oferta de contenidos más diversa y menos sesgada hacia los intereses de las empresas que financian a los medios a través de la publicidad. Pero, ¿es un bono para consumir contenidos realmente una alternativa? ¿Qué proveedores de contenido serían elegibles? ¿Qué contenidos específicos se favorecerían?

En primer lugar convendría aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de \”contenidos\”. A los medios de comunicación se les han atribuido desde siempre tres funciones primordiales: informar, entretener y educar. Pero las palabras \”proveedor de contenidos\” y \”contenidos\”, que se ponen de moda desde la aparición de Internet y las plataformas de televisión digitales, engloban en un mismo concepto las tres funciones, dándoles el mismo rango y valor. Sin embargo es fundamental hacer establecer diferencias.

Educación y entretenimiento son términos que confluyen, puesto que los contenidos educativos en los medios no adquieren —al menos por ahora— un carácter formal reglado, vinculados a un currículo académico concreto y con objetivos educativos definidos. Los canales prioritarios para la educación no son los medios sino las instituciones propiamente educativas, como colegios, institutos y universidades. La programación en los medios puede tener un carácter educativo y de entretenimiento al mismo tiempo (reportajes, documentales, concursos, programas culturales, etc.), por lo que su carácter de bien \”consumible\” o de mercancía no es necesariamente perjudicial.

La información como derecho básico

La información, sin embargo, es harina de otro costal. La información constituye un derecho básico garantizado en las actas constitucionales de los países democráticos. Pero en este caso son los medios de comunicación sociales, desde la prensa y la televisión hasta los servidores de Internet, los soportes y canales de la misma. La información es indisociable del medio por el cual fluye y por ello las garantías de su circulación en condiciones de libertad y con criterios de veracidad y objetividad deben estar implícitas en el medio.

El defensor del \”bono de contenido\” indica con razón que el derecho a la información veraz y objetiva se ve violado cuando la información está condicionada a la ideología e intereses del gobierno de turno —cuando se trata de medios de titularidad estatal— o la opinión y prioridades de los anunciantes —en el caso de empresas de comunicación privadas que no proveen medios de pago—. Pero, ¿es un mercado de medios enteramente privatizado y financiado por los usuarios (y el bono) una garantía de cumplimiento de este derecho? También hay otras causas, además de la estructura de financiación de los medios, que amenazan la libre concurrencia de temas y opiniones, como lo es la concentración de medios, la generación de grandes grupos o la connivencia entre poderes económicos y políticos. Para éstas otras causas el bono de contenido no ofrece alternativas.

Qué proveedores de contenidos pueden ser subvencionados indirectamente por el bono y con qué criterios se determina la condición de \”información\” son también incógnitas que conlleva la propuesta del bono, ya que los estándares éticos, estéticos e ideológicos de lo que es \”publicable\” o \”emitible\” en Internet o en TV son motivo de debates no resueltos. ¿Se podrá acceder a \’todos\’ los contenidos con el bono? ¿Se establecerían distinciones entre información y entretenimiento? A nadie se le escapan los peligros que entrañan este tipo de distinciones operadas desde la discreción de una autoridad gubernamental.

Por otro lado, la tesis de que el ciudadano/consumidor elige qué fuente de información y contenido prefiere supone que éste ha contrastado la información que le ofrecen los diferentes proveedores y toma una decisión basada en este análisis. ¿Quién hace esto realmente? En primer lugar, el saber contrastar informaciones es un privilegio de muy pocos y como dice el director de Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, \”informarse cuesta\”. Y segundo, y no menos importante, está el hecho de que la elección del ciudadano está relacionada cada vez más con factores extra-informativos. La fusión entre empresas de telefonía, Internet y televisión hace que la información deje de ser un elemento prioritario para convertirse, en el mejor de los casos, en un valor añadido. En otras palabras, la decisión del consumidor estará condicionada a la oferta de tecnologías y entretenimiento de las empresas en primer lugar y luego por la oferta de información.

Dado que el \”bono de contenido\” abre más interrogantes que soluciones y no se dirige al núcleo del problema, las propuestas posibles apuntan inevitablemente hacia otro lado.

Respecto al derecho al ejercicio de la información, una posibilidad al alcance de la mano es hacer efectivo mediante una ley ordinaria el vagamente formulado \”derecho de acceso a los medios de los grupos sociales y políticos significativos\” contemplado constitucionalmente en España. Se podrían abrir espacios de \”interés público\” en los medios, y gestionar los mismos democráticamente mediante consejos representativos de la sociedad civil. En cuanto al derecho a una información diversa y plural, una propuesta interesante sería la formulada por el comunicólogo estadounidense Robert McChesney en su libro Rich Media, Poor Democracy. Se trataría de constituir un sector de medios de comunicación sin ánimo de lucro, financiado por un impuesto que pagarían todos los ciudadanos.

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