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La LSSI empieza a rodar… cuesta abajo

El pasado jueves tuve ocasión de asistir la mesa redonda organizada por la Universidad Antonio de Nebrija y la firma Landwell PricewaterhouseCoopers con los representantes de los principales grupos parlamentarios en relación con la famosa, esperada y temida Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE).

Después de oír a nuestros representantes políticos, uno no puede sino seguir con los mismos temores que la mayoría de usuarios y empresas de Internet manifiestan hacia la ley. Las discrepancias en la mera interpretación del texto del Proyecto de Ley son tan importantes, que las incertidumbres que plantea la futura ley para los usuarios y empresas del sector no hacen sino aumentar, más aún cuando la indeterminación de muchos conceptos y términos del Proyecto de Ley es manifiesta.

Resulta preocupante que ante un mismo texto existan interpretaciones dispares acerca de si éste afecta o no a derechos fundamentales como la libertad de expresión, si confiere o no facultades de censura a la administración, si va a ser posible o no algún tipo de publicidad dirigida a los usuarios, si toda web se debe convertir en policía de los contenidos incorporados por terceros o no, si un particular con un banner de publicidad en su web se ve afectado o no por esta Ley…

El hecho de que estas dudas surjan hace necesario que el proceso parlamentario sea algo más que un mero trámite en la aprobación de este Proyecto, más aún cuando estas interpretaciones tan dispares existen entre los representantes de los grupos políticos más importantes de nuestro Parlamento.

Esta es una ley necesaria que debe dar seguridad y garantías a la intensa actividad comercial que progresivamente se va desarrollando a través de este nuevo medio que es Internet, pero desde un punto de vista jurídico y legal parece que se olvida que las empresas que desarrollan su actividad en la Red pertenecen tanto a ese "mundo virtual" como al real. La legislación en materia propiedad intelectual, protección de datos, comercio minorista o venta a distancia ya existe, así como nuestros decimonónicos Códigos Civil y Mercantil, que regulan y solucionan la mayor parte de las cuestiones jurídicas de la actividad de las empresas que actúan en Internet.

¿Es necesario adaptar esa legislación al nuevo medio? Por supuesto que sí, y también es preciso determinar las normas básicas que generen confianza en los usuarios, pero no es necesario imponer más obligaciones ni controles de "autoridades competentes" a las empresas de este sector que ya tienen bastante con lo que llevan encima.

El consenso político en una ley como esta debería ser, sino fácil, si posible y desde luego necesario, ya que la LSSICE debe sentar las bases para el desarrollo de todo un sector económico que debe obtener de los poderes públicos unas reglas claras con la flexibilidad necesaria para adaptarse a Internet.

Para lograr esa flexibilidad, el texto del Proyecto de Ley no debería dar lugar a esas interpretaciones tan dispares, y tendría que acentuar aspectos importantes que la misma contiene, como son los códigos de conducta que regula en su Título II. Regular un medio como Internet resulta, sino imposible, muy complejo, por lo que un instrumento para dar seguridad y confianza al usuario será la propia actitud de las empresas del sector que establezcan unas normas de conducta tanto en el ámbito nacional como en el mundial. No es posible poner puertas al campo por mucho que nuestros sesudos legisladores lo intenten, pero si es posible que los propios usuarios se pongan sus propias puertas para conseguir esa seguridad en el medio que todos necesitamos.

En definitiva, este Proyecto de Ley debe seguir el proceso parlamentario y lo tendremos en el Boletín Oficial del Estado después de verano, con lo que hay tiempo para mejorar su texto y resolver las graves dudas que a muchos nos plantea.


Ignacio Cerdeiras Checa es abogado


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