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La propiedad intelectual: el camino hacia ninguna parte

La aparición de Internet y de las nuevas infraestructuras y vehículos de transmisión de la información lleva a los distintos estamentos sociales a reflexionar sobre los retos que plantea la Sociedad de la Información.

Uno de ellos es el de la propiedad intelectual. ¿Hasta que punto son perdurables unas fórmulas de protección de la creación artística cuyos antecedentes se remontan a la Edad Media? ¿Puede Internet, con su fuerza transgresora, modificar el panorama jurídico actual? ¿Resultará esto perjudicial o, por el contrario, beneficioso para el conjunto de la sociedad?

Con intención de dar respuesta a algunas de estas preguntas se convocó una mesa redonda, bajo el patrocinio de Microsoft, con el sugerente nombre de \”La propiedad intelectual como valor competitivo de la sociedad española\”, en el que participaron funcionarios, juristas, empresarios, académicos y representantes de los derechos de los creadores (Sociedad General de Autores Españoles).

Las dudas suscitadas fueron muchas y las soluciones propuestas escasas, a pesar de la conciencia de la gravedad de las convulsiones. Para la mayoría de los participantes, lo verdaderamente necesario es un cambio de la mentalidad del usuario (que se te meta en la cabeza, lector: el software no es gratis, ni tampoco las canciones, películas, etc.), más que una modificación de un marco jurídico que a día de hoy resulta suficiente y únicamente difícil de aplicar. En su opinión, esta nueva conciencia unida a las nuevas fórmulas de protección en el mundo digital asegurarán la perdurabilidad del entorno actual.

La aplicación de las leyes de protección de la propiedad intelectual resulta hoy imposible

Sin embargo, el debate resulta a todas luces algo más complejo de lo que allí se habló. La aplicación de las leyes de protección de la propiedad intelectual resulta hoy imposible y la jurisdicción global una entelequia. Internet inventa continuamente nuevas y muy sencillas formas de vulneración de las normas establecidas. Por tanto, en los futuros debates debería darse cabida a fórmulas distintas de retribución de los artistas o programadores y a una reflexión sobre la vigencia de los fundamentos jurídicos de la protección de los derechos de autor.

Terremoto en el mundo musical

Jose María Cámara, presidente de la discográfica BMG España (propiedad del gigante germano Bertelsmann, la compañía que hace poco firmó un acuerdo con Napster, la némesis de las discográficas y de la RIAA) y único representante de algunas de las industrias tradicionales más perjudicadas por la facilidad que ofrecen los medios digitales para la reproducción no autorizada de productos, fue el encargado de dar comienzo a la conferencia. Para Cámara, que mostró una clarividente comprensión del alcance del problema al que se enfrentan hoy en día las discográficas, la nueva actitud de este tipo de compañías deberá ser la que marcan los versos de una canción (Noches de Boda) cantada a dúo por Joaquín Sabina y Chavela Vargas: \”que ser valiente no salga tan caro/que ser cobarde no valga la pena\” (una descripción parecida salió posteriormente de los labios de Francisco Román, Consejero Delegado de Microsoft, que tomó prestadas las palabras del historiador británico Toynbee al decir que la historia de la Humanidad es siempre lo mismo: el desafío y la respuesta.)

Cámara reconoció haber dedicado sólo los 10 primeros años de su vida profesional (lleva más de 30) al negocio discográfico, cuando la tecnología era analógica y el artista resultaba ser el producto. En la siguiente década, nació el CD, las discográficas se convirtieron en compañías de música grabada y los artistas en clientes. La llegada de Internet supuso una nueva vuelta de tuerca a la definición de este tipo de compañías, que se transformaron en full rights music given (receptores de todos los derechos musicales). En esta nueva época, el artista sube un escalón y se convierte en asociado de su compañía discográfica; las relaciones entre ambos se vuelven transparentes.

Para el responsable de BMG España, \”Internet ha hecho que los actuales modelos de negocio se vuelvan caducos\”. El pirateo se convierte en una medida de defensa del usuario contra la ineficiencia de las compañías y contra unos modelos de precios que pueden haber quedado desfasados. A pesar de ello, afirmó el directivo, y contra lo que pueda pensar la gente y lo mucho que protesten las discográficas, fenómenos como Napster, que colocan en la Red cerca de 30 millones de canciones al libre alcance de los navegantes, todavía tienen efectos beneficiosos en el mercado musical estadounidense. Aun así, para Cámara, la proliferación de plataformas tipo Napster y la vulneración continua e indiscriminada del talento creador de autor provocará a largo plazo una disminución de la producción artística. Esta última manifestación, que él sustentó en lo sucedido en Francia cuando se abolieron los derechos de autor durante la Revolución Francesa (al poco tiempo sólo se generaban contenidos pornográficos) dejaba paradójicamente una puerta abierta a formas de retribución distintas de las actuales.

La SGAE y la protección de los autores

En defensa de los actuales asociados de Cámara salió Carlos Fernández-Lerga Garralda, secretario general de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Él, al igual que el ponente precedente, fue claro al reconocer la magnitud del cambio: \”Se están utilizando modelos trasnochados diseñados para una realidad analógica en un escenario virtual\”. Para Fernández-Lerga, la realidad del mercado siempre marcha por delante del derecho positivo.

Su cura para los temblores de los colectivos tradicionales estaría en el diseño de nuevas herramientas tecnológicas (\”A la tecnología se la gana con tecnología\”). Un ejemplo de por dónde deberían ir los tiros sería la iniciativa europea Info2000, de apoyo a la producción de productos multimedia europeos. En ella se enmarcan proyectos como el Verdi (Very Extensive Rights Data Information), que promueve una nueva forma de licenciar productos multimedia en el ámbito europeo utilizando la famosa \”ventanilla única\”.

De esta forma, el responsable de la SGAE se mostraba convencido de poder convivir con el marco jurídico actual en el nuevo entorno digital. Tan sólo hará falta ir desarrollando las herramientas necesarias como la firma digital, la Iniciativa Segura de Música Digital (SDMI) o el proyecto Araña (un metabuscador que localiza las obras protegidas en Internet) para salvaguardar los activos de los artistas, de las discográficas y de la SGAE. Por su parte, los reguladores también irán adaptando la legislación para adaptarla a los nuevos tiempos (últimas directivas europeas de comercio electrónico y de los derechos de autor).

Fernández-Lerga olvidó sin embargo dar respuesta al propio jeroglífico que él mismo había desvelado. Son los propios usuarios los que utilizan la tecnología, hoy al alcance de todos, para desmantelar la tecnología que colectivos como el suyo ayudan a desarrollar. Ni las marcas de agua resultan tan inviolables, ni el SDMI tan seguro, ni los daños causados por programas peer to peer subsanables con ningún tipo de \”arácnido\”. El círculo se vuelve así infinito y el ratón termina persiguiendo al gato.

La piratería del software y su presumible contribución al empobrecimiento social

A Francisco Román le tocó la difícil papeleta, dada la posición dominante de Microsoft en el mercado, de examinar la forma en la que la producción de software se ve afectada por la copia masiva y fraudulenta.

Actualmente, vivimos un periodo de transición histórico en el que el activo más importante es el conocimiento

Para ello contó con la ayuda inestimable de un informe encargado por su compañía a la consultora Datamonitor sobre el crecimiento de la industria del software en España. Según el estudio, esta industria, que crea tres puestos de trabajo indirectos por cada uno directo, contribuyó con 270.000 millones de pesetas al PIB español en 1999, y con 85.000 en impuestos. En 2003, las cifras serán de 470.000 y 150.000 millones, respectivamente.

Por supuesto, el informe no sólo hacía hincapié en los aspectos halagüeños: el software ilegal asciende al 53% de las licencias corporativas utilizadas en España, según la BSA, unos 27 puntos por encima de la media europea. El fraude privado, el que realizan los ciudadanos en sus casas, ni se molestan en calcularlo.

Para el directivo de Microsoft España, este altísimo porcentaje, más que actuar en perjuicio de las compañías, retrasa el avance de la sociedad en general. \”Actualmente, vivimos un periodo de transición histórico en el que el activo más importante es el conocimiento\”, dijo Román. Éste se convierte en un elemento crucial en la creación de riqueza (\”En Estados Unidos el sector de las tecnologías de la información, apenas el 8% de la industria, representa el 35%-40% del crecimiento\”).

\”La sociedad que no es respetuosa con el conocimiento y con la propiedad intelectual está por tanto condenada a un futuro empobrecimiento.\” Este es, para Román, el destino de España, si una mejor educación no consigue antes disminuir la tasa de piratería. Datamonitor calculaba en su informe un coste anual de uso ilegal de software de 39.000 millones de pesetas, 44.000 empleos, en 1999. El directivo de Microsoft aseguró que el coste de los programas informáticos no era el principal motivo de fraude, sino la facilidad con la que hoy en día pueden duplicarse. Su receta para el futuro: aplicación de las actuales leyes y desarrollo de una cultura favorable a la generación de riqueza a través del conocimiento.

Luis Maté, Vicerrector de Ordenación Académica de la Universidad Politécnica de Madrid, rompió una lanza a favor de la universidad y los estudiantes. Según él, todos los programas que utilizan estas instituciones son legales, y ello se debe en gran parte a una mayor concienciación en el medio académico sobre los perjuicios del uso de software ilegal. Sin embargo, Maté no resaltó un aspecto quizás más importante que el puramente ético, a pesar de lo dicho por Román, como es el precio. El poder de negociación de las universidades (la universidad de Madrid creó recientemente un consorcio para defenderse de los vendedores) no es equiparable al de los ciudadanos individuales. Mientras que el coste de los equipos por estudiante para la Universidad Politécnica en el entorno Microsoft es de 7 dólares, el de un ciudadano que disponga de ordenador en casa se aventura bastante mayor. Los estudiantes pagan por los programas entre un 15%-20% de lo que cuestan en la calle. Pero ¿qué pasa con los que no son estudiantes?

El Gobierno también quiso sumarse a la labor educativa del ciudadano. Según Víctor Izquierdo, subdirector general de Industrias de la Información, ésa sería una de las cuatro actividades principales del Ministerio de Ciencia y Tecnología (las otras tres serían el fomento de nuevas empresas, a través de ayudas y subvenciones, la digitalización de la administración pública y la necesidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos en el entorno digital).

Con las ideas de Román coincidió Joaquín Oliveras, director general de la Asociación Española de Empresas de Tecnologías de la Información (SEDISI). Oliveras cifró el volumen anual del mercado en 9.000 millones de dólares y 80.000 trabajadores y afirmó que España es un país donde se consume muy poca tecnología, tan sólo un 2,5% del total europeo, cuando representa el 8% de la población. De sus palabras salió a relucir nuevamente el problema de la falta de educación del ciudadano español (el esfuerzo del resto de países europeos consiguió reducir el porcentaje medio de piratería del 78% en 1990 al 36% en 2000), así como la escasa aplicación de la normativa existente, siempre teniendo en cuenta que las últimas directivas europeas sobre la materia fueron ratificadas por España hace años. Para Oliveras, el desarrollo informático de España (y del español) se corresponde poco con su posición como potencia cultural.

Miguel Ángel Davara, director del Instituto de Informática Jurídica de ICADE, fue otro de los encargados de evaluar el marco legal y comentar la ausencia de formación en el respeto a los derechos de propiedad intelectual. En su opinión, \”la legislación es avanzada, pero desconocida en su contenido e interpretación y muy mal aplicada\”.

El open source o modelo alternativo

Sin acusar a la ponencia de Microsoft de partidista (resulta lógico que la compañía trate de defender los frutos de su creación), se echó de menos un análisis filosófico más profundo de los beneficios de las tecnologías de la información sobre el desarrollo económico de la sociedad.

Nadie duda de que compañías como Microsoft han contribuido a la generación de conocimiento. Sin embargo, los términos del debate resultan equivocados: no se trata de una disyuntiva entre software protegido y la nada (que resultaría obviamente más perjudicial), sino entre modelos de software protegido y otros que no lo sean.

Para los principales defensores del open source, las leyes sobre la propiedad intelectual serían revocables en favor del bien de la comunidad

Defensores de la superioridad práctica y técnica de esta última postura son los partidarios del software libre u open source, el movimiento que sostiene que la mejor forma de producir programas de calidad es dar acceso a todo el mundo a su código fuente, dejar que los programadores trabajen en su desarrollo de forma conjunta y espontánea. Los programas serían libres (todo el mundo podría utilizarlos, modificarlos y distribuirlos), además de gratuitos. La obra más conocida de este movimiento es el sistema operativo Linux, creado inicialmente en su época de universidad por Linus Torvald, un estudiante finlandés. El programa es de acceso libre (la Free Sofware Foundation es la entidad facultada para otorgar licencias sobre el programa), siempre y cuando el código fuente de las sucesivas mejoras del sistema se comparta con el resto de la comunidad informática.

Iniciativas como ésta suponen una ataque frontal a la filosofía de las gigantes de la informática, así como a las bases sobre las que se sustenta el derecho a la propiedad intelectual. Para los principales defensores del open source, las leyes sobre la propiedad intelectual serían revocables en favor del bien de la comunidad (¿hasta qué punto ha contribuido al desarrollo de Internet que sus protocolos sean de dominio público?). El hecho de que los programas sean propiedad de alguien resulta perjudicial para la sociedad en general. Por otra parte, ellos no son contrarios a la idea de obtener dinero a cambio de sus programas, siempre que el usuario tenga total control sobre ellos. Únicamente se produce una redistribución de poder de la compañía informática al usuario: la ética por encima de los principios económicos.

Preguntado por Baquía.com al respecto, Francisco Román, se mostró pesimista respecto al desarrollo del open source (\”todavía tiene que demostrar su éxito\”), aunque afirmó estar satisfecho de que existan diferentes alternativas en una mercado libre. Para él \”es difícil concebir esfuerzos mantenidos por muchas personas que no tengan retribución e impacto económico\”. Además, Román sostuvo que los programas no son gratuitos del todo: los costes de los servicios asociados (los proporcionados por compañías como Red Hat o VA Linux) terminan siendo una forma de retribución encubierta.

Para el responsable de Microsoft, los sistemas abiertos están más relacionados con la estandarización, los volúmenes de utilización de los programas y el grado de cooperación de las compañías en el desarrollo del software.

Victor Izquierdo, representante del Ministerio de Ciencia y Tecnología, se mostró parcialmente en desacuerdo con la postura de Román. Para Izquierdo el open source ya está demostrando su viabilidad. La iniciativa eEuropa, que pretende favorecer el desarrollo de la sociedad del conocimiento en Europa, reconoce el potencial que existe en ese tipo de software e incluye en su Plan de Acción medidas para su desarrollo.

Las patentes de software y el futuro que nos queda

Los ponentes también debatieron sobre la conveniencia de las patentes como fórmula de protección del software. Todos, por diversos motivos más prácticos que filosóficos, se mostraron contrarios a este tipo de protección.

\”La pequeña y mediana empresa española tiene poca propensión a patentar sus productos\”, afirmó Izquierdo. Por lo tanto, las patentes de software sólo podrían perjudicar al tejido empresarial español. Actualmente, España sólo dispone del 5% de las patentes registradas en Europa.

Para Davara, este debate ya fue resuelto en sus orígenes, cuando se discutió la fórmula idónea de protección propiedad intelectual del software. Entonces se debatió sobre si el software debía considerarse propiedad intelectual, propiedad industrial o acogerse a una fórmula de protección propia. Al no existir figuras jurídicas adecuadas para garantizar un bien jurídico de tan alto contenido económico, finalmente se acordó considerarlo propiedad intelectual. Su protección comienza por tanto en el momento del nacimiento de la idea y de su posterior expresión \”por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro\”, tal y como establece el texto de la ley. Independientemente de que se pueda demostrar la titularidad de la idea, la protección ya existe. Las patentes resultan por el contrario poco flexibles y dinámicas.

Por su parte, Román se mostró contrario dada la dificultad de evaluar la originalidad (\”obra de invención que aporte una novedad y sea industrializable\”) de los procesos susceptibles de ser patentados. Para ello haría falta disponer de miles de empleados cualificados en la Oficina de Patentes, que hoy no existen. La solución sería más costosa que el propio problema.

Aunque interesante, por la variedad de temas suscitados, la conferencia se quedó algo corta en sus objetivos. No basta con debatir las posibles soluciones dentro del paradigma actual, también hay que determinar si ese paradigma es todavía válido. Como afirmó Davara a propósito de la armonización legal y de los problemas de soberanía y jurisdicción causados por el desarrollo de Internet, \”de nada sirve tener una legislación única si luego hay que acudir a Japón, por poner un ejemplo, para pleitear en japonés. Hay que caminar hacia la mediación, el arbitraje y la conciliación a través de nuevas normas de conducta y una nueva ética\”. Quizás haya que ir todavía más allá y plantearse si el orden jurídico vigente es todavía válido, si resulta realista y contribuye de forma tan eficaz como la que planteó Román al desarrollo económico y social. Aunque sólo sea por escuchar a todas las partes…

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