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Los ISPs británicos no quieren espiar a sus clientes

Los proveedores de acceso a Internet británicos no están por la labor de revelar la información personal de sus clientes a la policía, por mucho que así se pretendan evitar ataques terroristas. La Asociación de Proveedores de Servicios de Internet (ISPA) ha aconsejado a sus miembros que no complazcan la petición al respecto del gobierno, ya que violarían la Ley de Protección de datos de 1998.

El gobierno británico pretendía conseguir, como parte de una nueva legislación para luchar contra el terrorismo (Anti-Terrorism Crime and Security o ATCS) impulsada por el ministro de Interior David Blunkett tras los atentados del 11 de septiembre, que los ISPs albergaran los datos de sus clientes durante un periodo prolongado de tiempo, y que los pusieran a disposición de las autoridades si estas los reclamasen, aunque no mediara orden judicial alguna.

Por supuesto, diferentes grupos en defensa de las libertades civiles han puesto el grito en el cielo por esta iniciativa del gobierno. Por ejemplo Roger Bingham, del grupo Liberty, es uno de los que más ha despotricado por el hecho de que “millones de usuarios inocentes de teléfono, correo electrónico e Internet tendrán sus comunicaciones privadas y sus movimientos almacenados por la posibilidad de que sean usados en el futuro”.

Desde el ministerio de Interior aseguran que esta \”retención de datos no pretende infringir la privacidad de los ciudadanos, pero está diseñada para asegurarse de que el terrorismo no es asistido de ninguna manera por las nuevas tecnologías”. Pero según la ISPA, a los gobernantes debería bastarles para tan noble propósito otras leyes ya existentes como la Regulation Investigatory Powers Act de 2000, según la cual las autoridades pueden pedir ese tipo de información personal tras recibir la aprobación de un juez.

Desde la aprobación de la ATCS hace ya un año, el ministerio de Interior está tratando de llegar a un acuerdo con la ISPA sobre la adecuada legislación para retener datos y entregarlos a las fuerzas de seguridad. Según el portavoz de esta asociación “las conversaciones con el gobierno no se han roto, hay una encuentro fijado para la próxima semana”.

Ya hace unos meses David Blunkett tuvo que recular en una propuesta que resultaba excesiva y cosechó numerosas críticas nada más conocerse. Pretendía que los funcionarios, a partir de un determinado nivel, tendrán la potestad de exigir a los ISPs, compañías telefónicas y operadores postales información sobre sus clientes, como el nombre y dirección, las llamadas telefónicas realizadas y recibidas, las páginas visitadas en Internet y la localización geográfica de las llamadas de móviles (lo que permite ubicar a una persona con un error de sólo cientos de metros).

The Guardian, poco sospechoso de conservadurismo, dijo respecto a esa propuesta que la vigilancia se extendería a un nivel jamás vista en otra parte del mundo. El plan gubernamental fue tachado de \”ataque sistemático al derecho a la intimidad\” por Simon Davies, director de Privacy International, que asegura: \”No tengo noticias de ningún país que haya otorgado ese poder a un número tan grande de autoridades\”.

Blunkett cambió de idea para pasar a considerar que hace falta una \”tranquila y prolongada\” discusión pública sobre el asunto antes de que se lleven a cabo nuevas iniciativas, “teniendo en cuenta los temores de la población… No tengo la intención de convertirme en un Gran Hermano\”, declaró. La oposición tachó esta marcha atrás de “humillante paso atrás para el ministro\”.

Este intento por controlar la información que pasa por los ISPs y empresas de telecomunicaciones es común a todos los gobiernos de occidente desde los atentados de hace más de un año. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea (que también se moderó recientemente), iniciaron propuestas en este sentido.


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