NOTA ENTER – Desorden en la Sociedad de la Información

El gobierno acaba de aprobar un Anteproyecto de Ley sobre la financiación de la televisión pública estatal, cuyo principal objetivo es dar respuesta a la histórica reivindicación de los concesionarios privados del servicio de televisión, para que RTVE no emitiera publicidad. En el contexto actual de crisis económica y caída de ingresos por publicidad (un 40% en el primer trimestre de 2009), las televisiones privadas ven peligrar su viabilidad y han transmitido esta urgencia al gobierno. Con la eliminación de la publicidad en RTVE, se “liberan” 550 millones de euros por este concepto. Las restantes cadenas de televisión nacional presumen con cierta lógica que serán ellas las que capten estos ingresos de publicidad, lo que les proporcionaría un nada desdeñable balón de oxígeno e incluso podría garantizarles la viabilidad. El problema es que se quiere mantener la estructura de costes de RTVE intacta, lo que a su vez exige compensar los ingresos que ahora se obtienen por publicidad de alguna forma. Por supuesto, parte de los mismos provendrán de las televisiones privadas, unos 140 millones de euros de una tasa de nueva creación sobre sus ingresos, que se situaría en el 3%. Pero esto deja sin cubrir unos 360 millones de euros hasta llegar a los 550 que precisaría TVE para sobrevivir como hasta ahora. Otra parte se obtendrá del canon por utilización del espectro radioeléctrico, hasta 320 millones de euros, y el resto lo habrán de poner los agentes del sector de telecomunicaciones, mediante un impuesto sobre sus ingresos, fijado inicialmente en un 0,9%. La principal razón dada por el gobierno para justificar la elección de los pagadores parece ser que ‘las compañías afectadas tienen unos beneficios muy importantes, de miles de millones de pesetas’. En resumen, la medida propuesta supone un trasvase de fondos de un sector económico a otro; en concreto, del sector de las telecomunicaciones al sector audiovisual, dos de los sectores integrados en el ‘hipersector’ de las TIC. Así, parece que el objetivo de la medida no es el sostenimiento de la corporación pública, sino dar viabilidad al sector audiovisual en su conjunto. La tasa a los operadores de telecomunicaciones, junto con la nueva finalidad del canon sobre el espectro, supone una entrada neta de recursos al sector audiovisual con respecto a la presente situación, de la que no es beneficiaria RTVE, sino los restantes agentes del sector. La finalidad última de la medida es el sostenimiento del sector audiovisual a costa del sector de las telecomunicaciones. La cuestión que se plantea ahora es si la medida será efectiva para alcanzar el objetivo planteado, y a qué coste se conseguirá. Efectos sobre el sector de las telecomunicaciones En el sector de las telecomunicaciones se produce una salida de ingresos con repercusión directa sobre los beneficios y, en definitiva, la rentabilidad del sector en España. Sin embargo, se mantiene el principio de uniformidad de la tasa de retorno. Esto supone que, ante un descenso de beneficios, determinados inversores abandonan el mercado, hasta que la tasa de retorno vuelve a equilibrarse con la general de la economía. En efecto, los accionistas de las compañías de telecomunicaciones observarán ahora que las empresas de otros sectores obtienen mayor tasa de beneficio y optarán por invertir en ellas. Como consecuencia, la inversión en telecomunicaciones disminuirá hasta que, con un beneficio constante, la tasa de retorno vuelva a ser la original. Por tanto, la tasa para financiar el sector audiovisual tendrá como consecuencia la reducción de inversiones tanto en redes fijas como en móviles. En las circunstancias actuales, esto supone una ralentización, o tal vez el completo detenimiento, de las inversiones para el despliegue de las NGNs (fibra) y de la tecnología para proporcionar banda ancha móvil. Se puede argumentar que los operadores de telecomunicación pueden prevenir esta pérdida subiendo el precio que cobran a sus clientes. Sin embargo, esto no es tan fácil como parece. Desde un punto de vista práctico, no está claro que las autoridades de regulación o de competencia lo permitieran pacíficamente. En resumen, es el usuario de telecomunicaciones quien acaba pagando el pato del traspaso de rentas al sector audiovisual, ya sea por una subida de precios o, con mayor probabilidad, por una reducción en las inversiones, que se traducirá en menor innovación y calidad de los servicios, con salida de algunos oferentes. Efectos sobre el sector audiovisual Está claro que el sector audiovisual, al menos en lo referente a las cadenas nacionales de televisión, no es viable en su configuración actual. Tras algunos años de lucir importantes beneficios, producto en parte de sus privilegios oligopolísticos, las circunstancias han cambiado para estos agentes. La competencia por la audiencia se ha nutrido de nuevos rivales, principalmente procedentes del mundo de Internet, aunque también se han extendido otras opciones de consumo audiovisual. Esto ha producido un cambio en las preferencias de los ciudadanos que ha llevado a una paulatina disminución en la valoración de la publicidad, la fuente tradicional y principal de ingresos de las televisiones. La lectura es clara: los recursos que se invierten en proporcionar televisión convencional a los ciudadanos están sobrevalorados para dicho uso y deberían dedicarse a otras finalidades, que sí valorarán los ciudadanos. Se exige, pues, una reestructuración del sector audiovisual para adecuarse mejor a los nuevos tiempos. Es el fenómeno anteriormente explicado, sólo que ahora se origina espontáneamente por el mercado y no por impuestos. Es necesario que los inversores abandonen el sector audiovisual hasta que se restaure el equilibrio en la tasa de beneficios. O que se produzcan innovaciones que vuelvan a captar la demanda de la gente, para incrementar aquellos. En estas condiciones, una inyección de recursos impide este ajuste, dado que los inversores mantienen sus retornos. Los subsidios prolongan la vida de las empresas ineficientes e impiden que los recursos se ubiquen en sus usos óptimos para la sociedad. Dado que no hay razones para esperar cambios en las preferencias de los consumidores que vuelvan a hacer viable el sector audiovisual en su estructura actual, este subsidio hará al sector dependiente del gobierno de turno para su supervivencia. El gobierno tampoco consigue su objetivo, si es que era asegurar la viabilidad del sector, pues éste pasa a depender del subsidio que, a su vez depende, con la formulación actual, de los ingresos sobre los servicios de telecomunicaciones. En resumen vuelve a ser el usuario quien sufre las consecuencias, en este caso por la inadecuación del producto a sus preferencias. Esto a su vez, apartará audiencia de las cadenas de televisión, incrementando su dependencia del subsidio. Conclusión La nueva medida del impuesto a las empresas de telecomunicaciones para conseguir la viabilidad de los agentes audiovisuales no es adecuada para su objetivo. No consigue la viabilidad de dichos agentes, porque ésta depende en última instancia de las preferencias de los consumidores, que no se ven modificadas por la medida. Es más, está llamada a continuas ampliaciones y complementos, pues el lazo de dependencia con los ingresos de las telecomunicaciones exige que éstos se mantengan constantes, lo que depende también de las mismas preferencias. La propia medida dificulta la adaptación futura de los operadores de telecomunicación a estas necesidades, por los fondos que le drena. Lo único que asegura la medida es que el sector audiovisual se mantendrá ineficiente, alejado de las necesidades de los ciudadanos, y dependiente del gobierno. Desgraciadamente, no terminan aquí los efectos negativos para la sociedad, pues los dos sectores afectados compiten y cooperan en un hipersector, que les integra junto a otras muchas empresas, y que constituye la base para el desarrollo de la futura Sociedad de la Información. El gobierno asume parte del papel del mercado, decidiendo qué sectores han de percibir ingresos y cuáles no. Decidiendo por los ciudadanos, si lo que necesitan son servicios de telecomunicación o audiovisuales. Y da así un paso inconsciente hacia la planificación central del hipersector de las TIC. Pero como ya se ha demostrado hasta la saciedad, las decisiones así tomadas introducen el desorden en la economía, al distorsionar todas las señales que la hacen funcionar. Los recursos son así canalizados hacia actividades que la sociedad no demanda, en lugar de ir a las más requeridas. Y se destruye la tan necesaria coordinación que necesitan sectores tan complejos como los involucrados en el desarrollo de la Sociedad de la Información.


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