Los dirigentes europeos deberían ponerse de acuerdo con respecto a la normativa que regula las descargas de archivos en Internet, un terreno plagado de vacíos legales y disparidad de criterios. Esta semana, al tiempo que conocíamos la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que exculpa a las operadoras de telefonía de facilitar los datos personales de los usuarios que le dan al P2P, en Francia se anunciaba una medida que recuerda poco menos que a los tiempos de la Guerra Fría: cartas del gobierno advertirán a los ciudadanos de lo feo que está bajarse contenido de la Red, amenazándoles con un corte del suministro de Internet si persisten en su actitud.
Si esta medida se lleva a cabo, implicará, primero, que el gobierno francés dedicará recursos (y no pocos, si es que pretenden mantener a raya a los millones de usuarios de P2P) a espiar a sus ciudadanos; segundo, que los proveedores de acceso colaborarán en la tarea, facilitando la identidad de los presuntos criminales; y tercero, un retroceso a base de palo y tentetieso en el avance de la Sociedad de la Información.
Dicen las malas lenguas que el enamorado Sarkozy ha prometido a su flamante novia acabar con el tráfico P2P, ofreciéndole cual ofrenda la cabeza de los “piratas” en bandeja de plata. Seguro que todos los internautas franceses están deseando que la Bruni despache al presidente con la misma celeridad que a sus anteriores romances.
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