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Perú quiere desterrar a Microsoft

Viene de lejos el afecto de Latinoamérica por el open source. La mayoría de los gobiernos de los países menos desarrollados sufren en sus presupuestos el pago de las licencias de software propietario que hace funcionar las computadoras de la administración. No es raro entonces que busquen alternativas más económicas, que en este momento sólo encuentran en el software libre.

Sin embargo, la iniciativa del congresista peruano Edgar Villanueva para que la administración de su país destierre Microsoft de sus máquinas es más una cuestión filosófica. \”Nuestra filosofía pasa por intentar ofrecer acceso a la tecnología al mayor número de personas posible, especialmente entre los jóvenes, y el estado debe jugar un papel fundamental en es proceso\”. Villanueva confía en que estas medidas reactiven la industria del software peruana liberando a los programadores de la esclavitud que significa trabajar con un código cerrado controlado por unas pocas compañías.

Desde que se pusiese en marcha el Ante el Proyecto de Ley de Software Libre en la Administración Pública en Perú, Microsoft y el congresista se han intercambiado cartas expresando dispares puntos de vista sobre qué es lo que conviene al sector público. Los representantes de la empresa de Redmond opinan que la propuesta legislativa se basa en interpretaciones erróneas y teorías nunca probadas. Además, se tacha la iniciativa de inconstitucional: \”El proyecto establece la obligatoriedad de que todo organismo público debe emplear exclusivamente software libre, es decir de código abierto, lo cual trasgrede los principios de la igualdad ante la ley, el de no discriminación y los derechos a la libre iniciativa privada, libertad de industria y contratación protegidos en la constitución. El proyecto, al hacer obligatorio el uso de software de código abierto, establecería un tratamiento discriminatorio y no competitivo en la contratación y adquisición de los organismos públicos contraviniendo los principios de base de la Ley 26850 de Contrataciones y Adquisiciones del Estado\”.

Pero Villanueva insiste en los beneficios de \’expulsar\’ los productos de Microsoft de la administración del estado y reemplazarlos con software libre; todos, desde sistemas operativos para servidores a bases de datos, editores de textos o gestores de correo electrónicos. Si la ley llegase a buen puerto, sería la primera ocasión en que se establece una restricción legal para acabar con el monopolio de facto de Microsoft.

El congresista \’linuxero\’, además de compartir la ideología de la comunidad open source, espera que migrar al código fuente abierto signifique un gran ahorro sin perder funcionalidad. Villanueva asegura que el Estado peruano debe unos 30 millones de dólares en licencias de software (Un estudio gubernamental del año pasado estimaba que el Estado debería pagar unos 18 millones de dólares para cubrir las copias ilegales de programas que se utilizan la administración).

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