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Propiedad intelectual: ¿protección o desprotección?

Durante las últimas semanas, la Digital Millennium Copyright Act (ver texto en formato pdf), la ley estadounidense aprobada en 1998 con el fin de adaptar las leyes de la propiedad intelectual a las exigencias del medio digital, ha vuelto a ocupar las portadas de los periódicos. Las noticias sobre el procesamiento del programador ruso Dmitry Sklyarov y la presentación de las conclusiones de un equipo de científicos sobre los formatos seguros promovidos por la Secure Digital Music Initiative (Iniciativa de Música Digital Segura) han levantado nuevas ampollas entre quienes critican, o bien la laxitud de ley, o bien su excesivo celo.

A la espera del informe que sobre la ley tiene previsto hacer público este año la Oficina de Copyright estadounidense, las posturas se vuelven cada vez más intransigentes. La DMCA se asemeja a un herrumbroso barco que hace agua por todas partes. Mientras los titulares de los derechos se esfuerzan en tapar los agujeros del casco, otros dedican el mismo empeño para hacerlos cada vez un poco más grandes. Los últimos acontecimientos son, en este sentido, una victoria para quienes mantienen que la ley no sólo sirve para proteger los derechos de autor, sino también para frenar el análisis y la investigación tecnológica.

Yo pasaba por ahí…

A Sklyarov se le ocurrió un día asomarse por DEF CON, un congreso anual de hackers y expertos en seguridad que tiene lugar en Las Vegas, para dar una conferencia sobre las debilidades del sistema de protección de contenidos de Adobe. Allí presentó el Advanced eBook Processor, un programa de la compañía para la que trabaja (ElcomSoft), y que entre otras cosas transforma los archivos pdf protegidos de Adobe (el utilizado para los libros electrónicos) en otros archivos pdf normales. Atravesar la aduana estadounidense se demostró un craso error, pues al término de su ponencia fue esposado por agentes del FBI y enviado durante unos días a prisión. De allí consiguió salir gracias a la fianza de 50.000 dólares depositada por su compañía, el esfuerzo de los abogados contratados por ElcomSoft, el asesoramiento de la EFF (Electronic Frontier Foundation) y la intercesión de la propia Adobe, que después de pedir su cabeza en una bandeja, y a la vista de las reacciones masivas de apoyo a Sklyarov, terminó suavizando su postura.

El proceso judicial sigue sin embargo su curso, impulsado por los fiscales del gobierno. Los cargos que se le imputan al programador ruso, que deberá presentarse ante la corte a finales de mes, son algunos de los recogidos en la cláusula que impide eludir, cualquiera que sea la estratagema (en este caso un programa de software) utilizada, los sistemas de protección de los derechos de autor. En este caso concreto, a Sklyarov se le acusa de proporcionar software capaz de romper las protecciones de Adobe, así como de ayudar e incitar a la comisión de un delito. Así, el programador ruso no está acusado de violación de los derechos de autor (no se ha demostrado que nadie haya utilizado el programa de forma delictiva), sino de distribuir software que puede ser utilizado para tal fin. Simple y llanamente, su caso es equiparable al de un individuo detenido por enseñar a utilizar una ganzúa en la puerta de un colegio.

La acusación recuerda enormemente a las penalidades sufridas por Jon Johansen, el adolescente noruego autor del DeCss, un programa que tenía la virtud de romper la protección de los DVDs. También reabre un tema aún sin resolver, el de los límites de la jurisdicción en materia de Internet. ¿Puede Sklyarov ser condenado por algo que es perfectamente legal en su país? ¿Cómo resolver el conflicto causado por el choque entre la jurisdicción establecida en términos geográficos y la naturaleza supranacional de la Red?. Los actuales problemas derivados de la aplicación de las normas de derecho internacional público y privado serían tan sólo un juego de niños en comparación con la dificultad de elaborar leyes de alcance planetario.

Mientras abogados y legisladores estrujan sus neuronas, Sklyarov se enfrenta, si se demuestra que actuó de forma premeditada y con ánimo de lucro, a una pena de hasta cinco años de prisión y/o una multa de hasta 500.000 dólares por cada uno de los cargos de los que se le acusa. Sobre esto también hay discrepancias. Si bien la motivación de ElcomSoft era ciertamente económica (el programa costaba 99,99 dólares), el sofware sólo podía ser usado por los legítimos poseedores del Adobe eBook (básicamente, el programa permitía eliminar las restricciones de copia, almacenamiento o impresión impuestas por el editor de la obra electrónica), por lo que la defensa estima que únicamente ayudaba a los compradores a ejercer derechos adquiridos. Nadie quiere sin embargo que el joven termine en la cárcel, y menos que nadie Adobe, cuya imagen podría quedar seriamente dañada. Por eso fiscales y abogados negocian para llegar a algún tipo de acuerdo.

[Días después, un gran jurado, un grupo de ciudadanos elegido para revisar las evidencias y determinar si existe causa de procesamiento, amplió hasta cinco el número de cargos por el que se acusa al programador ruso, al incluir el de conspiración para traficar con herramientas destinadas a eludir la protección de los derechos de autor. Además, también se encausó de forma confusa a Elcomsoft, la compañía de Sklyarov, que puede quedar sujeta a un pago de 2,5 millones de dólares, apoyándose en el hecho de que la compañía utilizó los servicios de un empresa de pago online estadounidense y los de una compañía de alojamiento de páginas web con sede en Chicago para vender su programa en Estados Unidos.

Las negociaciones, por tanto, no han llegado aún a buen puerto y el programador ruso se encuentra un paso más cerca de ser el primer condenado a prisión por violar los preceptos de la DMCA]

La SDMI o la historia interminable

En la costa este de los Estados Unidos, y mientras Sklyarov espera la llamada del juez, Edward Felten, profesor de la universidad de Princeton, respira aliviado al haber podido hacer públicos, después de meses de incertidumbre, los resultados del estudio de su equipo sobre los fallos de seguridad de los formatos diseñados por la SDMI. Esta última, un consorcio creado hace más de dos años y formada por doscientas compañías relacionadas con el mundo de la música y la tecnología, trabaja infructuosamente desde entonces para desarrollar un formato seguro capaz de desplazar al MP3, evitar la piratería y ahuyentar la posibilidad de un nuevo Napster.

Una vez completados sus cuatro primeros prototipos, la SDMI se atrevió a retar a la comunidad geek en septiembre de 2000, ofreciendo 10.000 dólares a quien fuera capaz de romper las marcas de agua. La SDMI pedía así, escondida tras el pretexto del reto tecnológico, probadores a precio de saldo. El profesor Felden y su equipo fueron algunos de los que recogieron el guante, y al cabo del tiempo hicieron saltar las protecciones como el que abre una lata de sardinas. Esto acentúo la crisis en el seno de la SDMI, que poco después vio dimitir a su presidente.

Renunciando al premio, que sólo podía ser cobrado si se mantenía el secreto sobre los detalles técnicos, Felden decidió hacer públicas sus conclusiones en el mes de abril. Fue entonces cuando, según él, miembros de la SDMI y de la Recording Industry Association of America (RIAA) le advirtieron veladamente de que podía estar violando la misma cláusula de la DMCA que luego fue esgrimida contra Sklyarov.

Felden, por seguridad, decidió callarse, aunque no por mucho tiempo. Un par de meses después, aconsejado por los abogados de la EFF, demandó a la RIAA (que ha negado reiteradamente haber proferido nunca ningún tipo de amenazas) con el propósito de obtener de los jueces una declaración que imposibilite la utilización de los preceptos de la DMCA para perjudicar o silenciar la investigación científica. El profesor estadounidense se convirtió así, por obra y gracia de la RIAA, en un abanderado de la libertad de expresión en el seno de la comunidad científica.

Diálogo de sordos

Tanto en el caso de Sklyarov como en el de Felden se produce un choque entre dos principios fundamentales del derecho: el derecho de propiedad (en este caso intelectual) y el de información y acceso a la cultura. Como sucede con algunas fronteras geográficas entre países, la línea que separa ambos derechos no está clara, y las huestes de ambos bandos tratan de plantar el cercado en terreno ajeno. En vez de un pensamiento único, por el mismo precio recibimos dos.

Los argumentos de la EFF resultan en ocasiones algo rebuscados y excesivamente alarmistas (¿cuáles son los verdaderos derechos del usuario? ¿tienen estos mayor o menor legitimación que los de los creadores?). Se olvida que compañías como Adobe (o cualquier creador) sólo tratan de obtener una contraprestación a cambio de su esfuerzo intelectual. Pero también ilustran de forma preclara sobre algunos de los excesos de la DMCA. Esta normativa defiende con tanto ahínco las medidas tecnológicas que salvaguardan los derechos de reproducción que olvida que estos mismos derechos ya quedan protegidos por las leyes de propiedad intelectual, con independencia de la dificultad de hacer valer sus preceptos. La balanza se inclina así peligrosamente hacia los titulares de los derechos, que incluyen en esas herramientas tecnológicas de protección diferentes elementos restrictivos de los derechos de los usuarios, como señala en una carta abierta Lawrence Lessig, famoso profesor de Stanford.

La EFF y todos los que defienden sus tesis, ya sean hackers, criptógrafos, abogados o simplemente usuarios, saben además que los vientos corren de su lado. Como aseguraba un reciente estudio de Forrester en que colaboraron 33 expertos en derechos digitales, las industrias deberán adaptarse a una nueva situación en la que será difícil, en el medio plazo, obtener ninguna ayuda del legislador. Y es que incluso alguno de estos últimos, como el congresista demócrata Rick Boucher, está empecinado en que suceda exactamente lo contrario.

Sklyarov y Felten estuvieron o están a punto de ser penados por encontrar agujeros de seguridad en los sistemas de Adobe y la SDMI. Pero también por demostrar a las editoriales, los clientes de Adobe, que los sistemas de gestión de derechos no son perfectos; y a las discográficas que a la SDMI todavía le queda mucho trecho para honrar su propósito fundacional. Es decir, por informar. Como agudamente comenta un experto estadounidense, la DMCA prohibe violar \”medidas tecnológicas eficaces\”. ¿Son eficaces los sistemas de Adobe y de la SDMI?. Para saberlo, deberemos esperar a leer el veredicto de los jueces. Entonces podrá ser tarde: el público ya tiene la decisión tomada…


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