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Quien a CD mata, a mantazos muere: piratería y doble moral

¡Quiero la cabeza de Teddy Bautista! Este debería ser el clamor de los miles de autores de canciones que actualmente integran la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores de España) si realmente reflexionaran con lucidez sobre los motivos de la piratería musical y la crisis de las discográficas, que tantos despidos de artistas (y otros trabajadores) está provocando.

No es que el que escribe insinúe que Eduardo Bautista, presidente de la SGAE, sea un inútil, un inepto o algo parecido. Es precisamente por lo contrario, por ser un hombre de demostrada valía como músico y como gestor, que se debe cuestionar su actual actitud al frente de los autores españoles. Porque o el señor Bautista no se entera de lo que realmente pasa o no quiere enterarse. Sea como fuere, su campaña en contra de la piratería, además de estar plagada de imprecisiones y propuestas de dudoso resultado, no ha mermado en lo más mínimo la constante sangría en las ventas que sufre la industria discográfica española, ya sea por causa de la piratería, por la copia casera de compactos, o por otras cuestiones que seguidamente pasamos a exponer.

Debemos hacernos diversas preguntas para encontrar las razones de este desastre total que está devolviendo a la industria discográfica a las posiciones de quince años atrás, en las épocas del vinilo, cuando la compra de discos era una práctica más bien elitista e inconstante, exceptuando determinados grandes éxitos. Entonces no se presumía de ventas masivas, ni se ocupaban edificios enteros. Así, la primera de las preguntas es:

¿Qué situación es más real: la reciente con los compactos o la del pasado con el vinilo?

Sin duda la del pasado, cuando el vinilo imperaba como un objeto de culto y amor por la música. Entonces, sí que realmente era un lujo atesorar aquellos discos grandes y frágiles. Además de un buen equipo para su reproducción, se necesitaba mucho espacio para almacenarlos. Y aunque su precio era comparativamente tan alto como el del compacto ahora, había más equilibrio de valores, de modo que no existía el vinilo basura. Su mismo coste de fabricación fijaba unos límites de precio a la baja. Hoy las oscilaciones son tan altas que podemos pasar de los 21 euros de un compacto en una gran superficie, a los seis en una gasolinera. Lo cual indica cuán barato es el coste de fabricación de compactos. Literalmente, tirado. No se nos escapa que cualquiera puede hacerlo. Y como, de hecho lo hace cualquiera, un mercado tan inflado en el que un compacto que en su origen costó tal vez cinco euros llega a los 21, no puede competir con la jugosa oferta de precios de un top manta, o la más jugosa de Audiogalaxy y otros tantos sistemas de intercambio de música gratuitos y a la carta. El consumidor, bien enseñado por las leyes de nuestro mercado neoliberal, aplica, por muy tonto que sea, la sencilla regla de tres de que lo bueno, si barato, dos veces bueno. Es decir, que opta por los mínimos costes aunque sea sacrificando un tanto la calidad del producto. Después de todo, siempre se puede comprar otro compacto a precio de manta. Es la ley del compacto basura.

¿Es moralmente condenable el mercado del \’top manta\’?

En absoluto, es totalmente plausible desde la óptica de un mercado liberalizado. Aquí quien manda es el dinero. Quien lo posee, posee el poder. Y quien lo sabe administrar, se mantendrá más tiempo en una situación de poder. Por tanto, viva el ahorro de costes y lancémonos a piratear discos. Total, sólo se trata de música, un objeto de consumo como cualquier otro. ¿Por qué montan tanto alboroto el señor Bautista y otras figuras representativas de la música? Ellos hablan de la industria y de las familias que dependen de ella; de los creadores y artistas que sacrifican tiempo y dinero en sus canciones y obras. Estos merecen un respeto a su obra y una protección de ésta, alegan. Totalmente de acuerdo, pero la verdad es que la SGAE no les da con su política ninguna de las dos cosas. Y mientras, el consumidor, que está harto de pagar precios astronómicos, opta por la solución que le ofrece su propio ordenador (copiando compactos), o por la ayuda de los empresarios del top manta. Estos paladines neoliberales han dado en la diana: si lo que limita la venta es el precio del compacto (esa es la verdad), sólo la rebaja de precios podrá devolver la fluidez al mercado del disco. Así es como han conseguido una progresión espectacular en sus ventas.

Desde la industria oficial, la misma que no tiene reparos en cargarse plantillas enteras cuando la situación lo requiere, se esgrime que además de los costes de fabricación de un compacto están los de promoción e infraestructura de la compañía, marketing, etc. Y estos limitan el precio a la baja del disco. Pues tanto mejor para los top manta, que han reducido esos costes limitándolos a amortizar una copiadora industrial y un ejército de inmigrantes del Tercer Mundo que salen muy baratos. Eso, según el credo neoliberal, se llama optimizar costes, y es algo que todos los ejecutivos de nuestro primer mundo predican con devoción. ¡Bravo por los manteros!

Todo lo expuesto podría parecerle a alguien inmoral, pero eso es simplemente una percepción equivocada de la realidad, incluso reaccionaria.

¿Qué problema moral debe tener el consumidor al comprar un top manta?

Ninguno. Al contrario, debe felicitarse por su buen criterio consumista. Reduce los costes de su compra en dos terceras partes y obtiene su objeto de deseo de un modo automático. ¿Calidad? ¿A quien le importa la calidad, si sólo se trata de consumir? El comprador adquiere su top manta y satisface así el impulso de compra tan cacareado en todos los manuales de marketing. Está debidamente estimulado. Además, en su favor hay que decir que el consumidor adquiere una mercancía por la que paga un precio, y no debe importarle lo más mínimo cuántos puestos de trabajo pone en juego su transacción. Eso no es asunto suyo. Y entonces, pues:

¿Dónde está el delito en la compra de un top manta?

No hay delito moral en la compra de un top manta, puesto que tanto el vendedor como el consumidor saben que están realizando una transacción llamémosla no oficial, y por tanto nadie sale engañado. El comprador sabe perfectamente lo que compra y la calidad que va a tener el producto. La fiabilidad de anteriores compras avala al vendedor.

Hay, sí, un delito fiscal, puesto que nos saltamos el IVA del producto, que se considera de lujo y no cultural. Esto quiere decir que la música no goza en España de ninguna protección oficial sino al contrario, se la grava con un 16% de su valor de mercado. Así, ¿cómo quieren que subsista la industria discográfica? El mismo impuesto es el primer obstáculo a la supervivencia del disco legal en un libre mercado. El IVA sólo refleja una situación de dumping a la que el consumidor debe ser ajeno. Y si las cosas se ponen muy duras para los top manta, siempre quedará la Red, que todavía es más barata.

¿Que pasa con la propiedad intelectual?

La SGAE es la encargada de protegerla, y para ello goza de caudales importantísimos, que la sitúan por activos en séptimo puesto del ranking mundial de sociedades de autores. ¿Por qué su presidente, Eduardo Bautista, ha sido hasta ahora incapaz de proteger los derechos de tantos autores como publican y cotizan en España? Sencillamente porque su política ha estado dirigida desde el principio de la crisis de espaldas a la verdad del libre mercado. No es, obviamente, culpa del señor Bautista que las cosas sean como son. Ni él ha impuesto el neoliberalismo, ni es el culpable de que la música no sea considerada por el Gobierno bien cultural. Pero como responsable de la SGAE y representante de los autores, no puede obviar que la persecución moral y policial, y hasta ahora ineficiente, de los vendedores ilegales es una medida inútil, absurda y cobarde que no trae ninguna solución a un problema tan intrínseco a la industria y al modelo económico imperante. Además de incongruente con las reglas del neoliberalismo, que siguen devotamente los directivos de las discográficas.

¿Cuál es entonces la solución?

Si uno es un autor que cotiza en la SGAE mientras ve cómo sus discos legales se pudren en los puestos de venta, lo primero que debe hacer es gritar: ¡Quiero la cabeza de Teddy Bautista! Lo segundo organizarse autónomamente con sus compañeros de asociación y montar un movimiento serio y severo para pedir la reducción drástica del IVA de los discos hasta el 4% (el que gozan los bienes culturales como los libros). Exigir que el Gobierno pase a considerar la música, al menos la hecha en España, como un bien cultural que necesita de la debida protección ante los ataques de un mercado sin freno ni moralidad, como es el neoliberal. Exigir que de ese 4% de IVA se destine al menos la mitad a la promoción de la música española, dotando al país y a los autores de una serie de infraestructuras de las que carecen para desarrollar su actividad. Exigir que de esa consideración se deriven una serie de leyes al estilo de las que goza el cine francés en Francia, destinadas a la protección de la música y sus autores. Exigir un control por parte del Gobierno de la brutal especulación que sufre la obra fonográfica, y que la lleva a oscilaciones de precios tan salvajes que descontentan al consumidor, obligándole a escoger canales no oficiales (top manta) o improductivos económicamente (abastecimiento musical on line) para obtener su cuota de ocio y, también, de cultura.

Una estabilidad de precios con unos márgenes legales al alza para los puestos de venta acabaría favoreciendo a todo el mundo, desde el autor a la gran superficie. Y, por supuesto, al consumidor, que es quien manda. Estos precios deberían fomentar la opción del consumidor por el disco legal, de más calidad en todos los sentidos. Se acabaría así con el compacto basura. Finalmente debería exigirse, tanto al Gobierno como a las asociaciones representativas del sector (SGAE incluida), una campaña de concienciación hacia el consumidor exenta de moralina hipócrita; que no hable de los puestos de trabajo que se pierden ni otras sandeces, sino que explique a la gente el valor de la música como vector de transmisión cultural e ideológica, además de como bien nacional. Esto, en países como Inglaterra o Estados Unidos, máximos ejemplos de neoliberalismo, resultaría una obviedad irrisoria; la música es el principal activo de exportación del Reino Unido, y como tal se la mima. Aquí hay que sudar tinta para conseguir una subvención digna de la SGAE para salir de gira al extranjero.

La solución a la crisis está, en definitiva, en la culturización respecto a la música de la población y del Estado en general, y en un proteccionismo racional. La música es un bien intelectual y espiritual, no un negocio. Y si se quiere poseer una industria viable, que mantenga este bien y a su vez genere riqueza, además de intelectual, económica y material, no hay más remedio que empezar a tomarse las cosas en serio y dejarse de hipocresías y dobles morales.


Jordi Sabaté ha sido periodista musical de radio. ya.com desde sus inicios en 1999 hasta noviembre de 2001

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