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¿Quién puede interceptar las comunicaciones, los jueces o los políticos? Europa decide

¿Quién es competente a la hora de interceptar las comunicaciones de un usuario? Esta pregunta viene estando en el candelero de la mayoría de países que en los últimos meses están tomando varias decisiones relacionadas con las nuevas tecnologías y la propiedad intelectual. Y es que la situación de un usuario podría variar radicalmente en función de a quién se le diese la potestad.

En España no hay debate, por ahora: sólo los jueces pueden pedir a una operadora que intercepte las comunicaciones de un usuario. Desde la comunidad internauta se ve bien que esto sea así, ya que en nuestro país los jueces, con la legislación en la mano, nunca han condenado a nadie por hacer uso de las redes P2P, algo que irrita constantemente a diversas industrias y a algunas entidades de gestión de derechos de autor, como la SGAE.

Pero no sólo la industria cultural está en contra de los dictámenes de los jueces españoles: también los políticos se han mostrado últimamente a favor de sentencias que penalicen el uso de redes P2P. Así, desde el Gobierno español se está intentando que el poder político obtenga las competencias que les permitan actuar contra el P2P y pedir a las operadores de comunicaciones, por ejemplo, que eliminen la conexión de un usuario que haya compartido material protegido por copyright en la Red.

Pero casi nadie se lo va a poner fácil. De hecho, la Asociación de Internautas (AI) ha presentado ante la Comisión Europea una denuncia contra la normativa que regula la interceptación legal de las comunicaciones en España, por ignorar, a su juicio, “las garantías constitucionales y comunitarias que protegen su correcta ejecución, como por ejemplo, el hecho de que deban ser ordenadas por un juez”. Según AI, “la ejecución de la interceptación legal de las comunicaciones, hoy por hoy, está regulada por una norma de rango inferior a la que debiera, ya que el artículo 55.3 de la Constitución Española dice que ha de tratarse de una Ley Orgánica (y no ordinaria), la que determine la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial determinados derechos fundamentales como el derecho al secreto de las comunicaciones”.

En este sentido, la asociación recuerda que las normas españolas sobre comunicaciones electrónicas y protección de los usuarios, así como de conservación de datos, “además de ser de carácter infra-orgánico, establecen que las interceptaciones de las comunicaciones puedan iniciarse sin autorización judicial previa”. “Los agentes facultados por el Gobierno, en el marco de una investigación penal, pueden pedir a las operadoras datos personales de sus usuarios (datos de tráfico como las horas de llamada, la duración de las mismas o, la identificación de quien llama y es llamado), sin que un juez haya determinado exactamente qué usuarios pueden verse afectados y los motivos legales que así lo amparan”, continúa AI.

Por estar en desacuerdo en este punto, esta organización acudió en el año 2005 a los tribunales españoles, pero sus pretensiones fueron desestimadas en 2008, con una resolución del Tribunal Supremo que consideraba esos datos personales como “no dignos de protección como parte del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones y por tanto, ajenos a la obligatoria orden judicial que previamente ha de establecer con detalle la ejecución de la interceptación”.

A juicio de la Asociación de Internautas, “la mera interceptación de una comunicación, implica de por sí, conocer quienes son las personas que se comunican, la frecuencia de las comunicaciones o la duración, lo que conlleva implícitamente una vulneración del secreto de las comunicaciones”.


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