Desde que un habitante cualquiera de una gran ciudad sale de su domicilio por la mañana hasta que vuelve después de acabar su jornada diaria, puede pasar todo el tiempo (o gran parte de él) controlado por una cámara de seguridad: las que vigilan su urbanización, las que controlan el tráfico, las que regulan el acceso al edificio donde trabaja, las de un centro comercial, las instaladas en la vía pública, etc… Un seguimiento continuo y a menudo inadvertido.
Y también, descontrolado desde el punto de vista legal. La normativa actual establece que las imágenes captadas mediante una videocámara son un dato de carácter personal, y por tanto gozan del derecho fundamental a la protección de datos. Sin embargo, tanto particulares como entidades públicas omiten u olvidan ese derecho en aras de su seguridad.
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