Reacciones a la sentencia sobre el canon digital

El esperado pronunciamiento sobre el canon digital emitido esta mañana por el TJU puede considerarse como salomónico: empresas y organismos públicos no deberían pagarlo, porque se supone que no compran dispositivos de almacenamiento para hacer copias privadas. Los usuarios sí, porque también se supone que sí los compran para ese fin.

Pero cuidado, porque este razonamiento encierra un componente malévolo: y es que sigue presuponiendo que cualquier usuario que compre un dispositivo de almacenamiento (disco duro, pen drive, CD, DVD, etc.) lo hará con la intención de grabar contenidos protegidos por derechos de autor. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el DVD que compramos para guardar una copia de seguridad de nuestras fotos personales?

Es por eso que algunos (los que cobran los derechos de propiedad intelectual) han interpretado la sentencia del TUE como un triunfo, mientras que otros (el usuario de a pie) lo perciben como la prolongación de una injusticia.

En este sentido, la reacción de la OCU es de las más virulentas. Para la OCU, “una vez más, los consumidores se llevan la peor parte”. En su comunicado, afirman: “No se puede aceptar que las excepciones acordadas para copias privadas estén sistemáticamente subordinadas a la garantía de una compensación (canon) para los que ostentan los derechos de autor.(…) A juicio de la OCU, la obligación de perseguir la \”piratería comercial\” no puede traducirse en una limitación general del derecho de acceso de los consumidores a la información.”

Por su parte, FACUA no acaba de pronunciarse sobre el tema, con una nota que se limita a recordar asépticamente que el TUE avala el canon digital para particulares pero declara ilegal el aplicado a empresas y profesionales

La Asociación de Internautas habla de victoria cívica: “¿Qué es lo que sucede? Pues que los ingresos de las entidades de gestión de derechos de autor por el canon llegaban no sólo mayoritariamente sino masivamente de ese sector que, precisamente, no realiza copias privadas. Por eso, con imprecisión jurídica pero con cierto ajuste a la realidad, podemos decir que el canon se ha caído.”

Más reacciones de afectados: la asociación de fabricantes tecnológicos ASIMELEC se ha mostrado satisfecha por la sentencia al entender que ratifica su postura respecto a este gravamen: “La cultura y la creatividad deben ser remuneradas, pero el canon no es el medio adecuado, ya que se trata de un sistema obsoleto e indiscriminado que penaliza a los usuarios\”, afirma un comunicado de la asociación que parece tratar de contentar a todas las partes.

Los más contentos hasta la fecha parecen las entidades de gestión de derechos de autor, representadas por BAU y COPYESPAÑA, que entienden que “El Tribunal Europeo respalda la legalidad del canon digital en España” y “valoran positivamente el respaldo que supone esta sentencia a la legalidad del canon digital”. Sin embargo, se muestran dispuestos a “colaborar en el ajuste, si fuera necesario, del sistema actual de copia privada”. Una actitud similar a la de la ministra González-Sinde, cuyo gobierno puede verse obligada a recular legislativamente..

Por último, es interesante conocer las opiniones de dos abogados especialistas en la materia, En el diario Público, Javier de la Cueva ha contestado a las preguntas de los lectores, que resumimos en estas frases: “Es un avance en la dirección correcta, que es la de pagar sólo por lo que se utiliza para la realización de copias privadas. La legalidad del canon nunca se puso en duda, de lo que se dudó es de su aplicación indiscriminada en la que se incluían al Estado, a las empresas y a los profesionales. E implica una gran pérdida de ingresos para las entidades de gestión de la propiedad intelectual, que defendieron en el Tribunal Europeo la aplicación indiscriminada. Este Tribunal no les ha dado la razón.”

Por su parte, David Bravo distingue en ABC.es entre “la parte mala” de la decisión europea (que los particulares seguirán pagando el canon), y “la parte buena”, que la aplicación indiscriminada del canon sobre empresas, administraciones y profesionales es ilegal. Bravo también destaca la paradoja de que la Administración pública sea la mayor pagadora del canon en España, pese a que éste surgió de un acuerdo entre el Ministerio de Industria y las entidades de gestión

Y recordemos que todo esto no es más que una sentencia no vinculante. Ahora la Audiencia de Barcelona (que pidió ayuda al Tribunal de la UE para interpretar la legislación española) tiene la última palabra sobre cómo aplicarla al caso de SGAE contra Padawan.


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