BAQUIA

Todos contra el “espectrazo”

El Ministerio de Ciencia y Tecnología ha conseguido lo que hasta hace poco parecía imposible: Las compañías de telecomunicaciones, que mantienen una durísima batalla comercial por la captación de nuevos clientes en España, han hecho por una vez frante común contra lo que ya se conoce en términos coloquiales como el \”espectrazo\”.

Esto no es más que el aumento en la tasa que el Gobierno Español cobra a las empresas por el uso del espectro radioeléctrico y que, dicen, tras la adjudicación de nuevas licencias de telefonía móvil y fija inalámbrica, tiene más valor que antes. Para el Ministerio ahora el uso de dicho espectro aumentará los beneficios de las compañías que lo utilizan con fines comerciales y por tanto, deben desembolsar más por su uso.

Tradicionalmente, las empresas vienen pagando en conjunto unos 60 millones de euros anuales por ocupar las ondas que explotan. A partir de este año esta cantidad se elevará, según la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2001, a 961,6 millones millones de euros y será revisable cada ejercicio. Esta cifra la tendrán que pagar entre las operadoras móviles, la compañías de telefonía fija inalámbrica , televisiones y radios.

En total, las televisiones, incluidas la autonómicas, pagarán 10,7 millones de euros, mientras que todas las radios 3 millones. El resto lo abonarán entre las compañías de móvil GSM (Telefónica, Airtel y Amena), que desembolsarán 240 millones de euros, las de tercera generación (Telefónica, Airtel, Amena y Xfera) que abonarán 601 millones de euros, y los consorcios adjudicatarios de las licencias de telefonía fija inalámbrica.

Compensar a las arcas del Estado

Sin embargo, la subida en la tasa del uso del espectro radioeléctrico responde también a otras circunstancias que van más allá de las posibles ganancias de las empresas. Con esta medida en Gobierno intenta compensar la escasa recaudación que logró en la adjudicación de las licencias de telefonía móvil de tercera generación UMTS y que desencadenó un duro debate con la oposición. Mientras en otros países que recurrieron a la subasta se cobraron más de 6.000 millones de euros por cada licencia, en España apenas se recaudaron 520 millones por las cuatro.

Las compañías adjudicatarias de dichos permisos no tardaron en poner el grito en el cielo cuando se elevó el canon. Según ellas, este aumento por sorpresa de la tasa supone un cambio sobrevenido en las circunstancias del concurso, que puede hacer que el plan de negocio con el que se presentaron no se pueda mantener y las inversiones no se lleven a cabo.

A ello se sumó el anuncio del Gobierno de la próxima concesión de dos nuevas licencias de GSM que más tarde se podrían transformar también en permisos de UMTS y la apertura de las redes a operadores virtuales. De llevarse a cabo dichas intenciones, afirman, el negocio sería inviable.

Así lo pusieron recientemente de manifiesto en un estudio presentado al Gobierno en el que se exponían las dificultades de poner en marcha el negocio en las nuevas circunstancias. Según las operadoras la nueva tasa reduciría sus planes de rentabilidad del 54% al 30% y la entrada de nuevos actores les llevaría a perder dinero.

Incertidumbre

Con estas prespectivas, las empresas, a excepción de Airtel, han paralizado gran parte de las inversiones previstas y es muy improbable que en agosto comience a ofrecerse el servicio como en un principio estaba previsto. Además amenazan con una subida de los precios por el servicio para poder aumentar la rentabilidad.

Las circunstancias han llevado incluso a las compañías de telecomunicaciones a organizarse en el conocido como Foro de las Telecomunicaciones. Aunque se niegan a llamarlo lobby, es una organización que trata de estudiar los problemas comunes a las operadoras, entre ellos y con especial importancia, el de la tasa radioeléctrica.

De momento las grandes compañías aún no han iniciado las acciones legales y según han manifestado fuentes del sector a Baquía, se intentará negociar con el Gobierno alguna solución. Entre las medidas que proponen las telecos para paliar el problema destaca poder deducirse el canon como gasto, como se hace en otros países de la UE. Algo que podría ser aceptable para las empresas en beneficios pero no para los nuevos actores como Xfera.

Pero las operadoras también preparan medidas legales para persuadir al Gobierno. Una vez descartado el recurso en Bruselas, que en este tema suele dar la razón a los gobiernos, planean avalar los 140.000 millones de pesetas en concepto de canon por las licencias GSM y UMTS y recurrir el importe ante Hacienda como si se tratara de una multa. Además, las cuatro empresas preparan también un recurso contencioso administrativo contra el mismo Ministerio.

Telefonía fija inalámbrica

Quienes no han dudado en ir a protestar a Bruselas han sido las empresas adjudicatarias de las licencias de telefonía fija inalámbrica vía radio conocidas como LMDS. Los consorcios que se hicieron con estos permisos (Retevisión, Uni2, SkyPoint, Broadnet, y Banda 26 en la macrobanda de 26 Ghz, y Abraret, Banda Ancha de Aló y Firstmark en la de 3,5 Ghz) afirman que su situación es aún más sangrante que la de los operadores de UMTS. Según estas empresas tendrán que pagar el 1.268% más, 7,5 millones de euros, pero el impacto en sus cuentas será mucho mayor que en el de las de móviles.

Algunas de estas compañías comienzan a operar especialmente para dar este servicio y el encarecimiento a posteriori de sus costes fijos en un 13%, afirman, les hace imposible el negocio. Además, no comenzará a operar hasta dentro de 4 años, por lo que restringe la competencia al ser imposible competir con los operadores clásicos.

Las empresas esperan que el Ministerio de Ciencia y tecnología termine por entrar en razón y les exima del pago de canon, al menos, hasta que comiencen a dar servicios. No obstante, barajan una batalla legal en dos frentes: los tribunales españoles y los comunitarios y para ello han contratado al bufete Cuatrecasas.

En los tribunales hispanos, es difícil que el recurso prospere ya que iría contra una ley parlamentaria, pero sí en Europa. Por ello, han echado toda la carne en el asador en Bruselas y planean un recurso contra el nuevo canon. En él acusan al Gobierno de modificar el concurso, introducir un factor de inseguridad y desincentivar las inversiones. Asimismo, piden acogerse a la directiva europea de licencias de 1997 que obliga a impulsar fiscalmente las nuevas tecnologías.


Compartir en :


Noticias relacionadas

Recomendamos




Comentarios