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UMTS: que 20 años no son nada

Cuando se cumple un año desde la fecha fijada para el inicio de los servicios de telefonía de tercera generación, UMTS siguen siendo unas siglas esotéricas. Después de que Telefónica haya decido meter en el congelador sus proyectos UMTS europeos para contener las pérdidas, la teleco reclama, junto al resto de operadoras móviles españolas, que se amplíe el plazo de las licencias de telefonía móvil de tercera generación, fijado en un principio en 20 años, debido al los continuos retrasos en la implantación de esta tecnología.

Las operadores reclaman el tiempo perdido: dado que ya llevan unos años pagando por una licencia que todavía no han podido explotar comercialmente, solicitan que la concesión se prolongue por el tiempo en que no ha sido utilizada. La reclamación responde al ofrecimiento realizado por el ministro de Ciencia y tecnología, Josep Piqué, quien anunció su intención de flexibilizar el calendario para la implantación de UMTS en España. Además, solicitan que no se ejecuten los avales (2.650 millones de euros) y que se les permita vender o alquilar las frecuencias adjudicadas en cada licencia.

Telefónica Móviles, Vodafone, Amena y Xfera (que ha paralizado su proyecto) quieren abrir una negación con el ministerio para establecer un calendario más realista para la implantación de la telefonía móvil multimedia, acorde con el desarrollo de la tecnología y la disponibilidad de infraestructura, servicios y terminales. El primer plazo venció en agosto de 2001, pero fue ampliado hasta junio de este año, momento en el cual UMTS sólo estaba detrás de algunos experimentos sin ninguna explotación comercial.

La concesión de Piqué sobre la necesidad de fijar nuevos plazos, ha sido aprovechada por las operadores para añadir nuevas demandas que, en definitiva, eviten que el retraso de la puesta en marcha del negocio lastre su cuenta de resultados. Junto a la ampliación de la licencia y la posibilidad de alquiler el espectro radioeléctrico, la petición más urgente es que el Gobierno no ejecute los avales por el incumplimiento de los compromisos de inversión y empleo adquiridos al ganar las licencias en marzo de 2000.


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