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UMTS, siglas malditas

Decepción. Ése es el sentimiento que no pueden ocultar las compañías adjudicatarias de las licencias de UMTS tras lo que está ocurriendo en España desde que finalizó el concurso en marzo. Para estas operadoras, los cambios que el Gobierno y el organismo regulador del sector, la CMT, están anunciando en las condiciones del mercado de telefonía móvil se están convirtiendo en una auténtica pesadilla. A ello hay que sumar los problemas legales que rodean el proceso y que pueden acabar con la suspensión del mismo.

Estas empresas han reconocido que sus previsiones iniciales de rentabilidad se están yendo al traste y están dispuestas a iniciar, si es necesario, una dura batalla legal en Bruselas. Para ello ya han contratado a algunos de los más prestigiosos bufetes españoles como Uría y Menéndez o Cuatrecasas.

Para colmo, el concurso también está en el aire. Los socios de Movi2, uno de los consorcios perdedores, presentó ante los tribunales una denuncia por cómo se había llevado a cabo el procedimiento. El próximo día 12 de enero, la Audiencia Nacional se reúne para decidir si anula o no el concurso de manera cautelar y, hasta entonces, las compañías han paralizado todo tipo de inversiones.

Lo peor de todo es que, aunque la sentencia no suspenda el fallo, los denunciantes están dispuestos a recurrir al Tribunal Supremo lo que, en la jurisdicción contencioso-administrativa, puede suponer años de espera. \”No hay nada peor para las inversiones que la incertidumbre y en este caso no creo que se vaya a disipar en unos días\”, afirma un ejecutivo de una de las empresas adjudicatarias. Así, si la situación sigue como hasta ahora será difícil que el 1 de agosto en España se puedan utilizar teléfonos celulares con acceso a Internet a través de tecnología UMTS, tal y como estaba previsto en un principio por el Gobierno.

De negocio con posibles a posible desastre

Telefónica Móviles, Airtel, Amena y Xfera, las compañías vencedoras del concurso, pusieron toda la carne en el asador pensando que se les abría toda una oportunidad de negocio a precio de saldo. Por sólo 129 millones de euros cada uno (una cifra mínima si se compara con las cantidades que se han pagado en otros países) más un canon anual del 1,5% de los ingresos brutos, podrían explotar la que, se dice, es la telefonía móvil del futuro. Eso sí, se comprometían a invertir en 10 años cantidades que rondan los 6.000 millones de euros.

Las empresas afirman que la rentabilidad se está yendo al traste

Aun con estas inversiones la operación salía redonda. El escenario colocaba a cuatro empresas operando en exclusiva en una tecnología que unifica telefonía celular con acceso a Internet y que en 2010 moverá 178.500 millones de euros en Europa. Las previsiones de rentabilidad a unos años en ese momento superaban el 54%.

Sin embargo, los nubarrones comenzaron a aparecer pronto. Al hecho de que el concurso hubiera estado rodeado de una enorme polémica (los candidatos se acusaron de cruce de participaciones y el fallo de produjo sólo unos días antes de que el Gobierno tomara posesión), se sumó que la denuncia de Movi2 fuera aceptada por los tribunales. Esto dejaba en el aire un cierto regusto de provisionalidad nada deseado por los promotores de los consorcios.

En el verano se agudizó la controversia. Por toda Europa comenzaron a convocarse subastas para adjudicar las licencias de telefonía móvil de tercera generación en otros países y algunos estados recaudaron miles de millones de dólares. Así en España se desató una discusión con matices políticos.

La oposición acusaba al Gobierno de haber regalado unas licencias por las que fuera de España se estaban pagando cantidades millonarias e instaba a la repetición del procedimiento, esta vez mediante una subasta. El Ejecutivo, por su parte, afirmaba que con el concurso los beneficiarios serían los consumidores ya que el ahorro de las empresas primaría a las inversiones y el precio de las llamadas.

Al final, se optó por una solución salomónica: el resultado del concurso se mantendría pero a las empresas se les impondría un nuevo canon anual, esta vez de 842 millones de euros, para compensar la pérdida recaudatoria del sistema utilizado.

Más competencia

A ello se ha sumado más tarde el anuncio del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la convocatoria de dos nuevas licencias de GSM que en el futuro se convertirán también en UMTS.

Con ello el número de compañías subiría a seis en un mercado que ya de por sí está muy maduro. A día de hoy, la penetración de la telefonía móvil en España es del 67%, lo que quiere decir que la llegada de nuevos operadores no ampliará el mercado sino que estos lo que harán será arañar clientes de otras empresas.

La gota que ha terminado de colmar el vaso ha sido la petición de la CMT de la aparición de lo que se han llamado operadores virtuales. Estos no son más que empresas que, sin tener red propia, ofrecen servicios de telefonía móvil alquilando la infraestructura de los operadores que sí la poseen. Si finalmente se otorgan estas licencias, como Anna María Birulés, ministra española de Ciencia y Tecnología, ha anunciado ya, el número de operadores aumentaría de forma considerable.

La discusión ha tomado tintes políticos

Todo esto ha llevado a que las operadoras adjudicatarias hayan pasado de la mera protesta a los números. Así, esta semana han presentado al Gobierno un informe en el que exponen qué podría ocurrir en cada uno de los posibles escenarios que se presentan.

Según las empresas, su negocio sólo sería posible en un mercado con cuatro operadores aunque tuvieran que hacer frente al nuevo canon. Esto reduciría la rentabilidad más de la mitad, pero sería aceptable. Cualquier otra hipótesis, afirman, haría inviable su negocio.


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