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Ya está aquí, la LSSI

Después de un año de alboroto, donde los sucesivos borradores que caían en manos de organizaciones y usuarios iban poniendo los pelos de punta a los que veían una amenaza la libertad de expresión, bandera de Internet, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (LSSI) ha recibido el visto bueno del Consejo de Ministros.

Esta polémica Ley nace para regular todas las actividades de Internet que generen ingresos —\”en los aspectos específicos del medio que no estén contemplados por la normativa existente\”—, según explicó Anna Birulés, ministra de Ciencia y Tecnología.

A partir de ahora iniciará el trámite parlamentario —paseo militar dada la mayoría del Partido Popular— para convertirse en \”la primera ley que regule con carácter general la realización de actividades económicas por vía electrónica\”, según Birulés. Entrará en vigor el próximo verano y adaptará la legislación nacional a la directiva europea de Comercio Electrónico de junio de 2000, a la que ya se han acogido Austria, Alemania y Luxemburgo.

A pesar de la fuerte oposición de varios colectivos de usuarios, la LSSI, que ha contado con 25 textos diferentes, ha recibido el apoyo de 66 instituciones, empresas del sector y organizaciones de todo tipo antes de contar con la aprobación del Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado. Desde que se inició el debate sobre la Ley que intentaría poner orden en el ciberespacio español, se escucharon voces alertando sobre la \’censura\’ indiscriminada y el atentado contra la libertad de expresión que traía consigo. La Ley faculta al Gobierno a cerrar una web si sospecha que se está cometiendo algún tipo de delito.

Las medidas cautelares —la clausura de sitios web— se aplicarán con el loable (y poco específico) propósito de proteger los derechos fundamentales de los usuarios de la Sociedad de la Información—dignidad de la persona, juventud y infancia; y no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad o cualquier otra circunstancia personal o social— y otros principios como la salud y el orden público.

Uno de los aspectos más controvertidos del texto —la administración tenía potestad para cerrar una web sin autorización previa, sin garantías judiciales— ha sido corregido en su última redacción: \”En caso de que un determinado servicio de la sociedad de la información atente o pueda atentar contra los principios[…], las autoridades competentes para su protección, en ejercicio de las funciones que tengan legalmente atribuidas, podrán adoptar las medidas necesarias para que se interrumpa su prestación o para retirar los datos que los vulneran\”.

Otro asunto no exento de polémica es el ámbito de aplicación de la Ley, ya que se aplica a cualquier actividad realizada por medios electrónicos \”que genere ingresos para su protagonista\”, por lo que afectará a los medios de comunicación y hasta a los sitios web personales que obtengan dinero por los anuncios. La ministra no deja lugar a dudas al afirmar que las páginas personales que dispongan de banners publicitarios caerán bajo la LSSI \”desde el momento que genere ingresos\”, aunque ese dinero se utilice para financiar el alojamiento del sitio.

Las reacciones a la aprobación de la Ley han sido muy diversas, aunque en general bastante más positivas para lo que se podía esperar después de la virulencia con la que fueron recibidos los primeros borradores. La Asociación de Internautas (AI) ha creado una comisión que estudie y valore el texto, mientras que la AUI (Asociación de usuarios de Internet) lo considera satisfactorio (aunque \”muy genérico) para sus intereses y valora que los usuarios cuenten ahora con \”seguridad legal\”.

En el terreno político, la oposición al Gobierno ha mostrado abiertas discrepancias con la nueva ley. IU la rechaza por \”restrictiva, autoritaria e intimidatoria\” y cree que abre paso a la cibercensura, el PSOE afirma que le falta transparencia, mientras que CiU confía en que dé \”seguridad al sector\”.

  • El proyecto de Ley (archivo PDF)


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