La CNMC impuso en 2015 multas por infracciones a la normativa de la competencia por un importe de 549 millones de euros –la cifra más elevada de su historia— de los cuales casi 20 millones correspondieron a sanciones en el sector de las telecomunicaciones y contenidos audiovisuales.
El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, y el director de Competencia del organismo, Eduardo Prieto, han presentado este lunes el balance de su actividad en 2015 y las líneas que seguirá el superregulador en el presente año, entre las que destacan la vigilancia sobre la televisión de pago y los derechos del fútbol.
Del monto total de sanciones, un 90%, 506 millones de euros, fueron sanciones a empresas acusadas de organizar cárteles. Marín Quemada ha destacado que es una prioridad de la CNMC desmontar este tipo de acuerdos “secretos” que establecen ciertas empresas para fijar precios y repartos de mercado –en el periodo 2007-2015 fueron acabaron con 40 cárteles, catorce de ellos concentrado en el pasado año.
Entre las sanciones impuestas contra más de 250 empresas en 2015 por participar en cárteles en distintos sectores económicos, Prieto ha citado las multas por un importe total de 131 millones de euros a fabricantes de automóviles presentes en España, así como las que sumaron 53 millones de euros a más de cien concesionarios de las marcas Seat, Audi, Volkswagen, Toyota, Land Rover, Hyundai y Opel, por ponerse de acuerdo para no competir entre ellos y no aplicar descuentos a los clientes finales.
Telefónica, la teleco más multada
Excluidos los cárteles, las sanciones por otro tipo de infracciones a la competencia ascendieron a 43 millones, entre las que destaca la de 6,3 millones impuesta a Telefónica por los acuerdos que alcanzó con el operador Xfera móviles (Yoigo) que restringían la competencia.
También fueron multadas Distribuidora de Televisión Digital (DTS) y Telefónica, con 5,5 millones de euros y 10 millones, respectivamente, por haber alcanzado acuerdos restrictivos de la competencia de cara a comprar y explotar los derechos de fútbol.
Por abuso de posición de dominio, fueron multadas con 2,7 millones de euros las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual AGEDI y AIE por fijar tarifas no equitativas y aplicar condiciones más ventajosas a unos operadores que a otros.
En el caso de las concentraciones empresariales, en 2015 se notificaron 93 operaciones de concentración frente a las 84 de 2014 y las 59 de 2013, un incremento en este tipo de operaciones que Prieto ha achacado a la mejora de la economía española.
La gran mayoría de esas 93 operaciones de concentración, en concreto 84, fueron autorizadas en una primera fase sin compromisos. No fue el caso de la compra de DTS por Telefónica, que se aprobó en segunda fase, en concreto fue autorizada en abril de 2015 tras más de 6 meses de procedimiento. El motivo fue que la CNMC apreciaba potenciales problemas para la competencia en los mercados relevantes, por lo que Telefónica se comprometió a hacer una oferta mayorista a sus competidores de contenidos ‘premium’ de televisión, como fútbol, deportes y películas.
En 2016, la vigilancia sobre la televisión de pago y los derechos del fútbol seguirán siendo una de las principales líneas de trabajo de la CNMC.
En este sentido, analizará las ofertas mayoristas de Telefónica para ver si se atienen a los compromisos derivados de la compra de DTS, así como el diseño de los concursos para la adjudicación de los derechos del fútbol, su desarrollo en la práctica y su impacto en los mercados de televisión de pago, en abierto y en otros mercados de telecomunicaciones.
Preguntado por si le preocupa el duopolio televisivo existente en España, con Atresmedia y Mediaset acaparando más de un 80% del mercado publicitario y casi un 60% de la audiencia, ha afirmado que la CNMC se mantiene vigilante y ha agregado que, desde un plano estrictamente personal, él preferiría que no existiera ese duopolio.
El sector del taxi tiene una regulación “excesiva” y debe adaptarse a los tiempos
En cuanto a la polémica que ha generado entre los taxistas la postura de la CNMC en contra de las restricciones que ha establecido el Ministerio de Fomento en el transporte de pasajeros mediante vehículos de alquiler con conductor, Martín Quesada ha manifestado que el taxi “es un sector con una regulación excesiva” y que tiene que “adaptarse a los tiempos”.
Ha recordado, en este sentido, que en muchas ciudades de Europa se pueden utilizar esos medios de transporte alternativos al taxi, como son los vehículos de alquiler con conductor, y es la “normalidad” que existe en esos lugares en torno a ellos la que quieren también para España, “sin fobias ni filias hacia ninguna actividad ni ningún sector”.
Marín Quesada ha recordado, además, que en próximas semanas el organismo que dirige hará público un estudio sobre la economía colaborativa, que intentará “orientar a los agentes empresariales, consumidores y agencias de competencia de otros países para dar una respuesta global y lo más coordinada posible” a este fenómeno, que “tiene vocación de quedarse con nosotros para siempre”.
En su opinión, “hay determinadas comunidades autónomas, que de la mano de los ‘lobbys’, están poniendo una regulación rara”, y ha citado el caso de los alojamientos turísticos.
“A veces echamos en falta una adaptación a la realidad en estas regulaciones”, ha añadido el presidente de la CNMC, que ha señalado que la regulación de la economía colaborativa, “requiere de un realismo y una apertura de mente que, a veces, no visualizamos bien”.
Líneas de actuación en 2016
La evaluación del programa de clemencia, por el que las empresas que aporten elementos de prueba para la investigación y sanción de un cártel pueden ser eximidas o beneficiarse de una reducción de la multa, será otro de los objetivos de la CNMC para 2016, ejercicio en el que pretende revisar ese programa después de ocho años de funcionamiento para introducir mejoras y hacerlo más conocido a las empresas.
Además, el organismo quiere impulsar la imputación personal por infracciones contra la competencia, que prevé la posibilidad de imponer sanciones a personas físicas que hayan participado en acuerdos contra la competencia, algo que Prieto ha dicho que quieren aplicar a directivos implicados en cárteles, pero no tanto con una finalidad de sanción, sino que lo que se buscará es que esa posibilidad pueda disuadir de llevar a cabo prácticas anticompetencia.
En cuanto a sancionar a empresas que hayan incurrido en las mismas con la prohibición de licitar con administraciones durante un tiempo, tal y como ha establecido la Ley de Contratos del Estado, ha recordado que sólo se puede aplicar a hechos posteriores a octubre de 2015, por lo que hasta dentro de dos, tres o cuatro años no se podrán ver los resultados que tenga esa sanción.
Respecto al cobro de las multas impuestas, el director de Competencia de la CNMC ha afirmado que el porcentaje de cantidades cobradas sobre impuestas alcanzó el 80% en 2005, dato que procede del primer periodo de firmeza de sanciones que se ha cumplido.
Con relación a cómo pueda ser el futuro modelo de la CNMC en función del gobierno que se forme en España, Marín Quesada ha manifestado que “el modelo está razonablemente consolidado” y que “los hechos hablan de una institución que funciona y que ha puesto sobre la mesa las ventajas que de ese modelo se derivan”. A preguntas de los medios de comunicación, ha puntutalizado que él no necesita que “el Gobierno le acompañe a ningún sitio, con que no nos estorben, tenemos bastante”.
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