“Un presidente de una empresa multinacional no puede erigirse, a título empresarial, como garante de nada”.

En plena batalla ético-legal y tecnológica entre las grandes corporaciones made in Silicon Valley –a excepción de Microsoft que se ha desmarcado del enroque de Apple–  y el FBI por encontrar el balance de fuerzas entre privacidad y seguridad, Madrid ha sido el escenario del evento anual que la compañía de Bill Gates dedica a desarrolladores: la DotNet Spain Conference. Sin duda, por esta y otras muchas razones, la presencia de Satya Nadella en el evento fue uno de los momentos estrella de la conferencia, pero no el único. Tanta o más expectativa genera siempre ‘el maligno’ de Chema Alonso, un virtuoso del código y la ciberseguridad, que como él dice es ‘un informático en el lado del mal’ y actualmente es CEO de ElevenPaths, empresa filial de Telefónica centrada en la innovación en productos de seguridad.

Tras su keynote “Some dirty, quick and well-known tricks to hack your bad .NET WebApps” (más de una hora de ejemplos de hackeo remoto de información a las bases de datos de empresas de distintas partes del mundo, aderezados con buenas salidas y alguna que otra mención a la princesa de Frozen para amenizar la ponencia), Alonso comenta en privado su opinión personal sobre el mediático debate: “bajo mi punto de vista, lo primero es el respeto a la ley, y si hay un juez que emite una orden judicial que dice que se dé algo, se da”.

Un presidente de una empresa multinacional no puede erigirse, a título empresarial, como garante de nada, porque no es un cargo electo.

“Otra cosa es que a título personal él tenga una opinión u otra como cada ciudadano”, añade. Para él, los ciudadanos de un país se rigen por una legislación configurada a través de unos cargos políticos elegidos en elecciones democráticas, que son los encargados de “escribir la ley que queremos tener en nuestra sociedad, y los que tienen que interpretar y ejecutar esas leyes son los jueces. Si no nos gusta esa ley tenemos que cambiarla y cambiar a nuestros políticos cada cuatro años con nuestro derecho a votar”.

Así, Alonso ha comparado el caso de San Bernardino con casos más cercanos en nuestro país. “Imaginemos que los bancos hacen sus sistemas privados y se niegan a dar esos datos de defraudadores o de políticos corrupción alegando cuestiones de privacidad”. “Venga, protejamos los derechos de Pujol, por ejemplo”, replicando que nadie cuestiona cuando es un banco o una telco a quien se le requieren los datos.

Independientemente de su opinión personal sobre la privacidad y qué limites se deben poner, el informático considera que existen otros derechos que tienen que ser tenidos en consideración en este debate jurídico y mediático como es el derecho a la vida, a la infancia, etc. “En el momento que haya un conflicto entre el derecho a la privacidad y el derecho a la vida, tienen que ser los jueces quienes determinen qué es correcto y qué no”.

En este sentido, su posición coincide con la de Bill Gates, que en una reciente entrevista desataba la polémica al alinearse en contra de las opiniones manifestadas por Apple y el séquito de corporaciones tecnológicas que se han lanzado a apoyar a los de Cupertino. Alonso puntualiza: “Gates no ha dicho ‘sí, que se le dé el acceso’, ha dicho que deberíamos pensar bien las cosas y darles esos datos”.

Apple tiene derecho a que si alguien les entrega el teléfono a devolverlo sin la protección que hace que se borren los datos después de diez intentos

Por tanto, no se trataría de un caso que pudiera sentar precedentes, como vienen alegando los defensores de la respuesta de Apple. Y recuerda que en la orden judicial solicitada por el FBI, el juez magistrado de Riverside (California) no ha solicitado que se cree y ponga a disposición de las autoridades un código universal que permita el acceso a cualquier iPhone, sino la desactivación de la aplicación que elimina los datos del iPhone si se introduce diez veces mal la contraseña; así el FBI podría intentar crackear la password del teléfono del presunto autor de la matanza por ‘la fuerza bruta’, es decir, intentando millones de combinaciones posibles hasta dar con la correcta sin arriesgarse a que de destruyan los datos del teléfono.

¿Defensa del usuario o hipocresía?

Apple cuenta con el respaldo de las principales corporaciones tecnológicas del momento: Facebook, Twitter, Google, Mozilla… Pero para Alonso lo que están haciendo ahora es “un ejercicio de marketing mundial, donde lo que se pretende es decir ‘no, esto ya no va a volver a ser como antes'”.

El experto en ciberseguridad se refiere a un debate que viene de años atrás en el que se han aportado pruebas sobre las negociaciones entre las autoridades estadounidenses y empresas tecnológicas del país para acordar una colaboración de suministro de datos sobre los usuarios de los servicios de éstas. Incluso solicitando la implantación de puertas traseras (backdoors) en software y hardware contando con la connivencia de las principales proveedoras de servicio y fabricantes de origen estadounidense.

Es  público que han colaborado en el programa PRISM

En la documentación filtrada y hecha pública sobre el programa PRISM por el cual se permitía de la agencia de seguridad estadounidense NSA espiar a ciudadanos extranjeros al amparo de la ley FISA (Foreing Intelligence Survilliance Act) y que ha estado en vigor hasta el pasado año, aparecen las empresas tecnologicas una tras otra, que han colaborado con el gobierno. Y entre ellas Apple, señala Alonso.

Espiado por la NSA

Precisamente el propio Alonso podría haber sido objetivo de los programas de espionaje de la NSA, como él mismo narraba hace unos días en su blog, al haberse percatado de una publicación de Pastebin en la que Anonymous asegura que en un documento de los tantos filtrados por Edward Snowden, aparece el nombre del hacker español en una lista de más de 30 personas, junto a otros hackers e investigadores de seguridad, como el también español Juan Garrido Caballero.

“Han estado leyendo nuestros correos, nuestros e-massages,…Por supuesto a mí no me gusta que se vulnere mi derecho a la privacidad, más si se hace como se ha hecho en Estados Unidos durante mucho tiempo, sin el control de una supervisión judicial con los no ciudadanos estadounidenses”, explica sin querer entrar en más valoraciones.

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