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Derechos de Autor

Bruselas defiende una ‘tasa Google’ para la Unión Europea

La Comisión Europea presentaba en su sesión del 14 de septiembre dos de sus propuestas más controvertidas de los que va de año (con permiso de la del ‘roaming gratuito’ que tuvo que ser retirada): la actualización de la normativa para el sector de las telecomunicaciones y la reforma del marco legal de los derechos de autor en un intento de intensificar la lucha contra la piratería y que acabaría afectando a plataformas como YouTube o Google News.

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Estas reformas se enmarcan dentro de la iniciativa europea de conseguir un Mercado Único Digital (MUD), donde los consumidores puedan acceder más fácilmente a contenidos online en cualquier país del territorio UE, en la actualidad habitualmente bloqueados por cuestiones de copyright acordes a las leyes propias de cada estado.

Sin embargo, la idea del MUD parece haber quedado relegado a un segundo plano, al cobrar mayor repercusión la batalla entre intereses corporativos: los operados de telecomunicaciones europeos y las grandes firmas editoras de contenido frente a los gigantes tecnológicos, principalmente estadounidenses, según se observa en el borrador presentado y que ha generado rechazo en buena parte de los eurodiputados.

Proponemos evitar la piratería y que las plataformas de internet concedan remuneración justa a las editoriales y los creadores. Esto, naturalmente, va a lanzar un amplio debate en la opinión pública y en la Eurocámara y el Consejo.

 

En un intento de actualizar la actual directiva sobre derechos de autor, vigente desde 2001, la CE concede en su propuesta a los editores de prensa un “nuevo derecho” para que sean “por vez primera reconocidos jurídicamente como titulares de derechos”, y tengan “mejor posición para negociar el uso de sus contenidos con servicios en línea que los utilizan u ofrecen acceso a ellos”, ha explicado el comisario europeo de Economía y Sociedad digitales, Günther Oetteinger, en rueda de prensa —informa EFE.

‘Tasa Google’

Desde Bruselas aseguran haber analizado leyes de estados miembros que han optado por penalizar la compartición de contenido online. Es el caso de España, que obliga a que los editores reciban una compensación por parte de agregadores y buscadores de internet cuando éstos publiquen fragmentos de artículos en los resultados de búsqueda, conocida popularmente como ‘tasa Google’ y que generó un gran debate llegando incluso al cierre del portal de Google News en el país, negándose a pagar a los medios por considerar que simplemente ofrecía un enlace a sus páginas.

Bruselas dividida ante la aprobación de una nueva ‘tasa Google’

La posición de la UE ha sido aplaudida por las asociaciones de editores de prensa europeas, como no podía ser menos; e incluso Oetteinger ha llegado a asegurar que un agregador como Google News “no está dispuesto a renunciar” al mercado a nivel europeo. Sin embargo, Google no ha tardado en posicionarse advirtiendo de que “pagar por mostrar fragmentos no es una opción viable para nadie” en su blog corporativo.

“La propuesta parece similar a las leyes fallidas tanto en España como en Alemania y representa un paso atrás para los derechos de autor en Europa. La innovación va a ser todavía más complicada para cualquiera que escriba, lea o enlace a una noticia, sin mencionar las complicaciones para las múltiples startups que trabajan en Europa en el sector de medios, a la hora de desarrollar un negocio online sostenible”, argumentan los de Montain View.

Para la asociación OpenMedia, que defiende un acceso asequible a internet, la propuesta sienta los “planes para una nueva tasa por los hipervínculos” que permitirá a los editores cobrar por fragmentos mostrados en los enlaces.

Asimismo, la propuesta de directiva también obliga a los editores y productores a “ser transparentes e informar” a los intérpretes de los beneficios que han obtenido por la difusión de sus obras en plataformas como Netflix o Spotify, y crea un mecanismo para ayudar a los autores a negociar una remuneración equitativa cuando ésta sea desproporcionadamente más baja frente a los beneficios digitales. Aunque para la coalición Fair Internet, que representa a medio millón de intérpretes, la propuesta no cumple sus expectativas de garantizar el derechos a una “remuneración equitativa”.


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