“El borrador de directiva evita completamente el objetivo de implantar una reforma moderna que potenciaría la creatividad y la innovación en el Mercado Único”, denuncian desde la compañía de servicios online.
En un comunicado difundido en el blog corporativo, Mozilla considera la propuesta de la Comisión Europea como “desalentadora”. En un extenso texto, Denelle-Dixon Thayer, Jefa de Negocio y Asuntos Legales de Mozilla, considera que “la propuesta es más bien un retroceso, no la reforma que necesitamos para apoyar a las empresas europeas y a los usuarios de Internet”.
El borrador de directiva publicado evita completamente el objetivo de implantar una reforma moderna que potenciaría la creatividad y la innovación en el Mercado Único.
Thayer explica que pese a que la propuesta introduce algunas importantes excepciones como las relacionadas con educación, la conservación del patrimonio cultural, la minería de datos y texto (TDM, por sus siglas en inglés), éstas son insuficientes al no tenerse en cuenta excepciones relativas a la libertad de panorama, la parodia o las remezclas o disposiciones que “añadirían la flexibilidad que requiere el sistema de derechos de autor” como la UGC (user-generated content o contenido generado por el usuario) y una cláusula de usuario flexible como una norma abierta, el fair dealing o el uso justo, que no han sido no han sido incluidas.
Otro de los puntos destacados desde Mozilla es la incorporación de derechos de autor relacionados (ancillary copyright) o el denominado snippet tax. Éstos permitirían a los editores online exigir derechos de autor por “publicaciones impresas”, manteniéndolos durante los 20 años siguientes a la publicación, “una eternidad en el mundo online”, apunta Thayer, quien considera esta imposición un límite a la libre circulación de conocimiento, paralizaría la competencia y pondría obstáculos a las startups y las Pymes.
Por ejemplo, podría exigir a los bloggers que enlazan a otras webs que pagaran una tasa nueva e innecesaria por el derecho a dirigir tráfico adicional a webs ya existentes, a pesar de que tener ese fragmento de texto beneficia a ambas partes.
En un último punto, critica la propuesta de aumentar la responsabilidad de los intermediarios sobre los contenidos online que se publican en sus plataformas, como los servicios de streaming como YouTube, Spotify y Vimeo, o cualquier proveedor de servicios en Internet (ISP) que “proporcione públicamente el acceso a una gran cantidad de obras o elementos subidos por los usuarios”.
Una cuestión, en su opinión, que choca con los propios fundamentos que posibilitan las actividades online en la UE. Por ejemplo, poniendo el contenido generado por los usuarios en el punto de mira de la retirada por infracción de derechos de autor. Solo las grandes compañías podrían permitirse tener el complejo software necesario para cumplir esta norma si las medidas se consideran obligatorias; lo que repercutiría directamente en las startups y pequeñas empresas europeas.
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